Azpiazu encara una semana clave para los Presupuestos con la duda de los 'impuestos de solidaridad'

Euskadi comienza esta semana una de las tareas más importantes del año: la elaboración de los presupuestos autonómicos. Una herramienta que, en otras latitudes, ha abocado a ejecutivos de todos los colores y rangos a dimitir y convocar elecciones. No será así aquí en esta legislatura -con rodillo parlamentario de PNV y PSE-, pero Azpiazu hace probablemente a las cuentas más complicadas en sus dos legislaturas como consejero de Hacienda.

La gran incetidumbre la pone la guerra en Ucrania y sus derivadas, pero también deja sobre la mesa del Ejecutivo autonómico la preocupación por la evolución de la inflación -con miedo del consejero Azpiazu a que los bancos centrales vayan demasiado rápido con las subidas de tipos- y los nuevos impuestos creados por el Gobierno central. Unos tributos llamados 'de solidaridad' que serán, por el momento, temporales, y que harán pagar más a las grandes fortunas y las grandes empresas de los sectores bancarios y energético.

Dos impuestos sobre los que el Gobierno vasco lleva desde agosto insistiendo en que quiere poder cobrarlos, pero sobre los que de momento se sabe poco más que el anuncio. El tributo a las grandes corporaciones se conoció en verano, pero el de las grandes fortunas ha sido un instrumento salido del Ministerio de Hacienda hace unas pocas semanas, en pleno anuncio de bajadas de impuestos por parte de las comunidades autónomas.

Unos anuncios que el consejero Azpiazu no dudó en tildar de 'festival fiscal' precisamente durante la presentación del primer elemento a tener en cuenta de cara a los Presupuestos: el cuadro con las previsiones económicas del Ejecutivo. Lakua espera que la economía crezca un 2,1% -exactamente lo mismo que el Gobierno central calcula para España pese a los varapalos del BCE y del Banco de España- aunque el motor de Euskadi, la industria, acabaría 2023 entrando en recesión.

Con el debate zanjado en torno a posibles nuevas bajadas de impuestos por parte de las haciendas forales -son varias las ocasiones en las que Azpiazu, Zupiria y el propio lehendakari Urkullu han cerrado la puerta a ir más allá de la deflactación del IRPF implementada este año más otra que llegará el año que viene-, el Consejo Vasco de Finanzas pondrá este viernes sobre la mesa qué previsiones de recaudación tiene para 2023 y cómo esperan las haciendas forales cerrar el ejercicio 2022. Ese cálculo será vital para que las instituciones elaboren sus presupuestos, pero tendrán que hacerlo sin saber qué, cuánto y, sobre todo, cuándo llegará la parte vasca de los nuevos impuestos creados por el Ministerio de Hacienda.

Las ministra Portavoz, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. / EFE

Un encaje complicado con el régimen foral y 'torpedeado' desde Bruselas

Las cargas fiscales encierran, además, una complejidad mayor que la habitual a la hora de hablar fiscalidad. Habitualmente los nuevos impuestos van, como siempre, a la Comisión Mixta del Concierto Económico y se conciertan. Sin embargo, en esta ocasión, al ser unos tributos teóricamente temporales, fuentes cercanas a la negociación entre los dos ejecutivos señalan que revestirá algo más de complejidad. A esas dificultades se le añade el debate que ha introducido Bruselas, que propone una tributación extra muy dura, pero solo a las empresas energéticas -no a los bancos- y sobre los beneficios extraordinarios. La propuesta dista de la idea que barajaba Hacienda, que buscaba gravar el 1,2% de la facturación de las compañías.

Fuentes del Departamento de Hacienda señalan a 'Crónica Vasca' que el diálogo entre Azpiazu y Montero ha sido fluido durante los últimos meses, sobre los que han estado encima de la mesa asuntos como el Cupo o los objetivos de déficit, más permisivos con Lakua que con el resto de las comunidades autonómas. El problema de esta negociación, en cualquier caso, será la etiqueta que se le ha puesto a los dos tributos, que Hacienda ha recogido como "prestaciones patrimoniales de naturaleza pública". El término, equivalente a una especie de derrama en una comunidad de vecinos, no es una cuestión menor. Esa etiqueta es el argumento al que en algunas órbitas cercanas al PP nacional se han agarrado para especular con una posible judicialización de las nuevas cargas fiscales y es precisamente la que más puede complicar el encaje con el régimen foral.

El encaje, por tanto, será más complejo, pero Hacienda todavía no ha aclarado cuándo pretende aprobarlo -sí que lo quiere cobrar en 2023 y 2024- y eso afectará directamente a su llegada a Euskadi. El asunto, reconocen desde el equipo de Azpiazu, "está en stand-by" a la espera de que Hacienda defina sobre qué impone los tributos y con qué tasa, paso previo a la negociación parlamentaria y al BOE. Solo a partir de entonces se podría pensar en una concertación que se daría en la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Delegación vasca en la Comisión Mixta del Concierto / EP

Voluntad para concertar los nuevos tributos

Aunque la complejidad técnica es grandes, fuentes de ambos gobiernos aseguran a este periódico que hay voluntad de acuerdo. El impuesto para banca y energéticas afectaría de forma directa a grandes contribuyentes -sobre todo de la Hacienda vizcaína- como Petronor, Iberdrola o BBVA. Esa misma idea de querer el pacto fue la que promulgó el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, que afirmó el pasado viernes que no tenía "ninguna duda" de que se concertarían los tributos en el futuro.

En esa misma comparecencia, Itxaso defendió el aumento del cupo, que justificó recordando que 2023 va a ser uno de los años de mayor inversión del Gobierno central en Euskadi y argumentando que esa es la función del Cupo: cubrir las inversiones del Estado en Euskadi. No obstante, Itxaso aseguró que las haciendas vascas tendrán músculo para cubrir ese Cupo con el aumento de la recaudación. Y esa es otra de las claves: ver hasta dónde aumenta la recaudación. Los últimos datos de las haciendas forales dejaban un aumento del 10% por encima de lo previsto, prácticamente a la par que la inflación.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el director de programa de esta formación, Pello Otxandiano.

Los partidos remarán en direcciones opuestas

Junto a esos recursos, otro de los debates que deberá afrontar el consejero en la elaboración de los presupuestos son precisamente las exigencias de otros partidos. Un debate en el que el titular de Hacienda tendrá que lidiar con dos pulsiones completamente opuestas. Bildu ya ha puesto encima de la mesa una especie de pacto socioeconómico con un enfoque más social de los presupuestos y Podemos apuntará en una senda muy similar a la de la coalición abertzale. Mientras, PP y Ciudadanos ya han puesto en su punto de mira uno de los pilares de su argumentación política durante la legislatura: el uso de los remanentes, causa abanderada por Luis Gordillo.