Felipe Serrano "Las recomendaciones del Pacto de Toledo son un parche"

A finales de octubre la comisión del Pacto de Toledo aprobó 21 recomendaciones con el objetivo de reformar el sistema de pensiones tratando de salir así del déficit endémico que compromete su futuro. Entre las medidas han aparecido novedades, como la de imputar el coste de las pensiones no contributivas al presupuesto del Estado, sacándolas así del sistema de la Seguridad Social y aliviando la tensión de su caja, o la modificación de la cotización de los autónomos, en la que se elimina la cuota fija para establecer una cantidad variable relacionada con su volumen de facturación. El objetivo es eliminar el déficit que arrastra nuestro sistema de pensiones para 2023 y asegurar su viabilidad sin tener que volver a elevar la edad de jubilación.

Un debate que Euskadi recibe con dos perspectivas, por un lado, la demográfica, que nos arroja un nuevo descenso en los nacimientos del 3,9% en el segundo trimestre de este año con 3.589 nuevos alumbramientos. Son unos datos que sitúan la tasa de nacimiento en 1.200 niños al mes, el dato más bajo desde que Eustat recoge la cifra en 1.986. La otra vertiente es la política, y es que Euskadi, según está previsto en el calendario de traspaso de competencias con el gobierno de España, asumirá la gestión económica de la Seguridad Social en noviembre de 2021.

Afrontamos con el Catedrático de Economía de la UPV-EHU, Felipe Serrano, esta realidad y el calado de las recomendaciones de los partidos para apuntalar nuestro sistema de pensiones.

- ¿Se traduce del documento aprobado un ajuste de fondo?

No, no es un ajuste de fondo. Se trata más bien de parches, incluso parches contradictorios en algunos casos. Me parece que no queda clara la dirección en la que se quiere ir, se señalan posibilidades, pero no se termina de concretar. Lo que sí es evidente es que hay una decisión de quitar una parte del gasto del sistema de pensiones para llevarlo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

- ¿Y eso, considera que es positivo?

Sí, en principio sí, pero hemos de ver cómo se concreta. Lo que está claro en las recomendaciones es que vamos a sacar del sistema determinadas partidas que se consideran como asistenciales o que no tienen características de prestaciones contributivas. Estaríamos hablando de las de maternidad, los subsidios de desempleo cuando acaba la prestación y de ese tipo. Y todas esas prestaciones las pasamos al PGE. Pero eso supone también aumentar el gasto y hay que ver quién va a pagar eso, quién va a sumir eso, cómo se van a generar los recursos para afrontar un presupuesto de gasto mayor. La estrategia es, pues, pasar determinados gastos a los PGE e intentar así equilibrar el sistema, restarle tensión a la caja de la Seguridad Social.

- Pero determinados gastos, ¿si son de carácter más asistencial y de acción social, no es más correcto que estén en el Presupuesto que en el sistema de cotizaciones?

Sí, por supuesto. Crear una administración independiente de la Seguridad Social está bien, es algo positivo, como derivar a los presupuestos una parte del gasto asistencial. Creo que las recomendaciones contienen ideas aceptables. Pero el modelo de reforma que se deriva de estas recomendaciones, en una parte importante, no resuelve el sistema de fondo. Sacar una parte del gasto de pensiones para llevarlo al presupuesto no es la solución. El sistema, para asegurar su viabilidad, necesita más cosas. Da la sensación de que resolvemos el problema del déficit y no es así.

Se prevén incrementos del gasto en las pensiones que hacen imposible eliminar el déficit en 2023

- El planteamiento del texto de las recomendaciones defiende que sacando las pensiones no contributivas del sistema y con una serie de ajustes en las que sí se quedan dentro, se logrará eliminar el déficit del sistema para 2023

No lo entiendo así. Centrándonos en las pensiones que quedan en el sistema, se hacen planteamientos como la revalorización del IPC, la elección de los mejores 25 años de cotización para fijar la cuantía, se mejoran las pensiones de viudedad. La impresión que da es que, una vez pasados unos gastos al presupuesto del estado y quitados del sistema de pensiones, con los que quedan, se va a aumentar el gasto con la aplicación de estas medidas. Y con eso no se arregla el déficit. Lejos de equilibrar, da la impresión de que se podría aumentar.  No se puede acabar con el déficit en 2023. En 2019, era de 18.000 millones de euros y puede quedar en torno a los 30.000 millones en el año 2022. El sistema tiene un déficit estructural de aproximadamente un punto y medio del PIB, y se va acumulando.

- Pero con medidas como el cambio de sistema de cotización de los autónomos, que se hará en función de sus ingresos, y el acercamiento de la edad de jubilación real a la legal se incrementan los ingresos.

Sólo con esas medidas no llega. Hay que recordar que el grueso del déficit no está en el régimen general. Tampoco está en el de trabajadores autónomos, que tiene ciertas pérdidas, pero no es significativo. El grueso de ése déficit se concentra en regímenes especiales como la minería del carbón, los trabajadores del mar, del campo. Y esos regímenes tienden a desaparecer. Incluso, hay un momento que parece que los miembros de la comisión del Pacto de Toledo dan a entender que se podrían financiar también con cargo a los PGE. Y en cuanto a acercar la edad de la jubilación real a la de derecho es una cuestión compleja ¿cómo se va a eliminar la jubilación anticipada ahora? Hay muchas personas a las que el mercado de trabajo les expulsa. No encuentran un puesto con 60 años. Y hay que buscarles una salida.

No es necesario ampliar la edad de jubilación, hay otras medidas

- Si no es retrasando la edad de jubilación, ¿reduciendo la tasa de reemplazo y de cobertura?

Un aspecto que con frecuencia se ignora en los debates sobre la reforma del sistema de pensiones es el relativo a la equidad. Las pensiones deben de mantener una relación estrecha con las aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Los sistemas de pensiones no son instrumentos de redistribución de renta al estilo del Ingreso Mínimo Vital o las pensiones asistenciales. En el cálculo de la base reguladora, por tanto, debería tenerse en cuenta el conjunto de la vida laboral. Por lo que a la edad de jubilación se refiere creo que no es necesario ampliarla por encima de los 67 años. Sin embargo, sí se debería incentivar la prolongación de la vida laboral, así como la compatibilización de la pensión con el trabajo remunerado y aproximar la edad legal a la edad efectiva de jubilación penalizando las jubilaciones anticipadas.

- Parece que, entonces, es necesario incrementar la cotización y la presión fiscal para mantener el sistema. ¿Cómo lo dotamos de certeza hacia el futuro?

El sistema precisa más recursos financieros, pero no creo que subir las cotizaciones sea lo más conveniente, salvo a lo señalado sobre los trabajadores autónomos. Se trata más bien de aproximar las aportaciones de los trabajadores a sus ingresos reales. En mi opinión, la opción más correcta es la de sacar del sistema determinadas prestaciones como hemos visto, ya que con la puesta marcha de nuevas medidas sociales, como el ingreso mínimo vital por ejemplo, resulta improcedente mantenerlas con cargo a las cotizaciones sociales.

La separación de fuentes permitiría, además, deslindar claramente lo que es la solidaridad intergeneracional propia del sistema de pensiones, de la distribución del dinero recaudado en los impuestos para pagar las prestaciones sociales. De esta forma el sistema de pensiones tendría unas reglas de funcionamiento claras y alejadas de la confrontación política, lo que contribuiría a eliminar incertidumbre y a formarse expectativas de renta futuras relativamente estables.

Hemos de hacernos esta pregunta: cuánto queremos dedicar a las pensiones, si no, solo desplazaremos el problema a las generaciones futuras

- Y sobre el gasto que se plantea llevar al presupuesto, esas pensiones no contributivas, ¿cuánto hay que cargar en las cuentas del estado?

Es fundamental que, como estado, respondamos a esa pregunta ¿cuánto queremos destinar a esta cuestión? En la recomendación 15, el documento, hace una referencia a este punto que es fundamental. Es necesario que haya una indicación clara de cuánto queremos gastarnos. Porque entones entra en juego la financiación de esa parte, una reforma tributaria, lo que sea. Cualquier reforma del sistema debe afrontarse fijando la cantidad de recursos que el conjunto de la sociedad quiere dedicar al pago en pensiones de jubilación, cuál será el esfuerzo de solidaridad que cada generación quiere hacer con sus mayores. Sólo así, evitaremos que los problemas del sistema se desplacen a las generaciones futuras, bien a través de la deuda pública o de menos pensiones. Como esto no se hace, la reflexión siempre gira sobre si hay que contener el ritmo de crecimiento del gasto o aumentar los ingresos del sistema para eliminar el déficit. Esto sólo tensiona el debate.

- Una forma de aligerar el peso del coste de las pensiones son los Planes complementarios. El Gobierno está comprometido a impulsarlos. 

Sí, pero el problema en este país es el tamaño de la empresa, es muy pequeño. Nuestro tejido empresarial está compuesto en su mayoría por empresas pequeñas y  estos planes exigen tamaño. Habría que arbitrar fórmulas para coordinar a las empresas. En El País Vasco, donde hay una tradición importante con las EPSV el desarrollo no ha sido tan grande, si analizamos la incidencia sobre el total de la población, no basta.

Los planes de pensiones son herramientas de desgavación fiscal. Hay que eliminar sus deducciones en las rentas altas e introducirlas en las rentas bajas

- ¿Y los planes de pensiones individuales?

Ahora mismo son fórmulas para la desgravación fiscal. Los planes de ahorro son para quienes disponen de renta. Creo que si existe una voluntad de promover el ahorro privado tiene que haber una estrategia muy clara de la Administración para incentivarlos. Pero no con los que ganan 50.000 euros, sino hacerlo con las personas que ganan 18.000 euros.  Puede haber incentivación fiscal, pero sólo a ese segmento, que es lo que ha hecho Alemania.

- ¿Existe opción de hacerlo sin incentivos fiscales?

Sí, por ejemplo, por cada euro que ahorres, el estado pone otro. Pero no de modo universal, sólo a las rentas bajas, que son las que menos capacidad tienen para ahorrar. No me parece mal que se eliminen las desgravaciones. Hay de movilizar el ahorro. Ahora se trata de que se mueva el dinero para crear actividad económica.

La Seguridad Social en Euskadi tiene casi 1.000 millones de déficit. ¿Hay que transferir al gobierno vasco unos fondos que no recauda para que los gestione? Eso va contra la base del autogobierno.

- En noviembre de 2021 se ha fijado la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco. ¿Qué efecto puede tener?

Ningún efecto, saldrá más cara. La Seguridad Social en Euskadi tienen casi 1.000 millones de déficit. Hay que transferir eso para que haga la gestión el gobierno vasco ¿por qué? No entiendo que el ejecutivo autonómico gestione unos recursos que no recauda, eso va contra la base del autogobierno. Además surge otro problema y es que, tal y como está configurado el sistema, el acceso a la base de datos permitirá a la administración vasca manejar datos de trabajadores y cotizantes de otras comunidades autónomas, de ciudadanos que no administra el País Vasco. No existen razones técnicas objetivas para que esa transferencia se deba producir. No sé si por que lo dice Estatuto, pero también la Constitución recoge muchas cosas que no se cumplen. También habría que considerar la sentencia Tribunal Constitucional ante un requerimiento la Generalitat de Cataluña que solicitaba la transferencia en la que se habla del principio de “caja única”.