Las empresas de bitcoin recogen ya datos de los inversores para informar a Hacienda

Las Haciendas vascas están preparando legislaciones específicas para intentar controlar lo máximo posible las inversiones en bitcoin e intentar evitar el fraude. Las nuevas normativas exigirán a las plataformas de venta de este dinero virtual los datos de los inversores y sus operaciones con estas monedas.

Hasta ahora, el control se limita a la obligación de declarar los incrementos patrimoniales de los particulares cuando registran ganancias tras una venta de bitcoin como si se tratar de inversiones en el extranjero. Ahora las Haciendas darán un paso más al hacer que las empresas vendedoras compartan con las Haciendas los datos de los compradores, de modo que éstos difícilmente podrán escapar al control del fisco de las operaciones que se lleven a cabo con este tipo de monedas.

Las empresas que venden estas monedas, esencialmente bitcoin,  ya están recogiendo estos datos, aunque, de momento no los comparten de forma directa con Hacienda a la espera de que entre la en vigor la legislación específica en este sentido.

Fuentes del sector señalan que en el momento que la compra de criptomonedas supera los 1.000 euros, ya existe un registro de los compradores con todos sus datos incluido el DNI, por lo que no prevén que para ellos suponga ningún problema adicional la nueva legislación.

El  rápido auge en el uso de las criptomonedas está obligando  las Haciendas  a adaptarse de forma muy rápida, ya que su uso permite mover cantidades de dinero por internet sin necesidad de intermediarios, como cuando lo hacemos a través de un banco tradicional,, algo que la práctica permite escapar con mayor facilidad a los controles. 

Es muy difícil saber cuánta gente está en estos momentos en posesión de criptomonedas -y menos acotarlo al País Vasco- pero para  hacerse una idea del auge no hay más que ver el incremento de su cotización. Según señala Pablo Gaztelu, experto en bitcoin y empleado de la tienda Bitbase, poseedora en estos momentos del único cajero de criptomonedas que está en funcionamiento en la capital vizcaína, la cotización ha pasado de unos 8.000 euros a 38.000 euros por cada bitcoin en apenas año y medio. En cierto modo la pandemia y la crisis posterior y el control de los mercados  financieros por parte de los bancos centrales con tipos de interés muy bajos o incluso en el cero, ha impulsado estas inversiones. El creciente interés en estas critpomonedas ha llevado incluso a la proliferación de academias que explican como invertir en estos valores que están revolucionando las transacciones económicas "como internet revolucionó las transferencia de información", señalan los expertos. 

Los bancos tradicionalesm sin embargo, no han dado en España aún el salto a las operaciones con criptomonedas., aunque entidades como el BBVA sí ofrecen servicio de gestión de bitcoin a sus clientes de banca privada en Suiza.

Legislación en Euskadi    

Las tres Haciendas vascas están preparando ya legislaciones específicas para controlar las ventas que se realicen de estas monedas, algo que se incluye dentro de los planes de lucha contra el fraude. En concreto, tendrán que informar sobre saldos y operaciones que llevan a cabo los titulares de las criptomonedas, como hacen los bancos actualmente con el dinero 'tradicional' en manos de los contribuyentes.

Cada una de las diputaciones lleva un ritmo distinto en la elaboración de esta normativa, y, de momento es Álava la que está menos adelantada respecto a  la nueva norma. No obstante, el objetivo es que esté operativa a principios del año que viene y que esté coordinada con la legislación estatal en esta materia, para facilitar así el "intercambio de información", según confirman desde la Hacienda de Gipuzkoa. Hay que tener en cuenta que este intercambio de información será esencial, ya que las criptomonedas, como todo lo que se se mueve a través de internet es muy difícil de acotar de forma física a un territorio. Bizkaia también tiene previsto aprobarla en Consejo de Gobierno este otoño para que entre vigor a principios de año.