El caso De Miguel sigue enfangando la política vasca. Esta semana trasncendían las explicaciones remitidas al Parlamento vasco por el departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia. Explicaciones que incluían el bochorno de saber que el condenado por corrupción gana 57.000 euros al año. La claridad y el detalle de los datos enviados a la Cámara son de agradecer. Un ejercicio de transparencia más que necesario. 

Sin embargo, ahora se multiplican las dudas sobre si, como ha contado este periódico, el Ejecutivo vasco podría haber despedido antes al cabecilla de una trama corrupta. Al igual que existen dudas sobre la situación exacta del propio De Miguel, cuyo despido se anunció a bombo y platillo cuando en realidad no era tan sencillo.