La falta de una actualización real de los costes de los precios están haciendo que infraestructuras importantes para Euskadi se queden sin construir. Desde julio de 2021, las instituciones vascas acumulan casi 30 millones de euros en licitaciones sin adjudicar a ninguna constructora porque nadie quiere construir a pérdidas. Los constructores dicen que es imposible funcionar así y las administraciones vascas se ven atadas al 20% de aumento en la indexación de precios que ha marcado el Gobierno central.

Del mismo modo que se pide un pacto de rentas entre trabajadores y empresas, no resultaría descabellado pedirle a constructoras e instituciones que muevan ficha. A las primeras hay que reconocerles su acercamiento a Lakua, diputaciones y ayuntamientos para analizar los precios y a qué distancia están del mercado, pero este miércoles pasado Neinor les recordó que todos cuentan con que los precios de los materiales bajen ante el 'crack' experimentado a finales de 2021 por Evergrande, el gigante inmobiliario chino.

Las segundas todavía no han dado un paso. De hecho, en estas dos últimas semanas nos han anunciado unas líneas de crédito de apenas 10 millones que volvieron a presentar este martes como nuevas en el Consejo de Gobierno, un plan que no hace ninguna mención al sector de la construcción y un refrito del 'Euskadi Next' que solo concretaba las cifras del adelanto de dinero que ya mencionó el lehendakari Urkullu en febrero. Quizá convendría intentar hacer algo para que los niños de Muskiz no sigan otro año y medio esperando al techo de su patio o los reclusos vascos accedan a unos economatos penitenciarios cuyo género pueda cambiar en cosa de semanas.