Estas semanas pasadas se ha abierto una discusión entre las fuerzas políticas vascas en torno a la gratuidad del transporte público, la conveniencia de prorrogar las subvenciones que reciben sus usuarios y qué institución se hace cargo de los costes que ello representa.

Ahí se abrió inicialmente una discusión después de que el PSE se sumara a Bildu para pedir que en Euskadi se mantuviera el apoyo público al transporte que había impulsado el Gobierno de Sánchez, no sólo para los viajes de RENFE, sino también para los transportes de titularidad autonómica, a los que apoyaba asumiendo el coste del 30% al que la Comunidad Autónoma Vasca añadía otro descuento por el 20%. En definitiva, al viajero le costaba la mitad.

El PNV reclamaba que el Gobierno de España mantuviera su aportación del 30% para seguir en ese mismo tándem, olvidando que no hay título competencial que justifique la intervención del Gobierno de España en el pago de los costes del transporte local y que, desde luego, no está contemplado en el sistema de Cupo.

Finalmente, todos se pusieron de acuerdo para sostener las subvenciones al transporte, que es lo que la gente va a percibir. Hay muchos y muy buenos argumentos para justificar que la mitad del billete lo abonen las administraciones públicas. Cómo no, mejor si es gratis.

Claro que es mejor si es gratis. Y no sólo el transporte público, cualquier cosa a la que nos podamos referir.  Ahora se está hablando de cheques para alimentación. Qué hay más importante que la alimentación. Se ha adelantado que tendrían acceso a este cheque todas las familias que no alcanzaran una renta anual de 42.000 euros. Ahí entra mucha gente. Tanta que se habla de millones de personas que serían acreedoras de ese cheque para comida gratis que el Estado proveería.

Mucho mejor si es gratis. La cosa es que ni el transporte público, ni la alimentación, ni la vivienda pública, ni ninguna otra prestación de la que provea el Estado es gratis. La realidad es que lo que pagan las administraciones públicas son gastos pagados por adelantado, descontados de la nómina por la vía del IRPF, en las compras por el IVA o en concepto de Transmisiones Patrimoniales, Donaciones, Sucesiones y así un reguero de impuestos.

Cuando uno se sube al metro y paga la mitad no significa que la otra mitad no la pague nadie; se paga a escote entre todos los trabajadores, los que van a pie, en bici, en su coche o en el transporte bonificado

Cuando uno se sube al metro y paga la mitad no significa que la otra mitad no la pague nadie, sino que se paga de otro modo. Se paga a escote entre todos los trabajadores, los que van a pie, en bici, en su coche o en el transporte bonificado. La realidad es que lo que hace el Estado no es exonerar de pagar sino decidir en qué vas a gastar tu dinero. Decidir por ti, escoger lo que más te conviene.

De la misma manera, si se lleva adelante el cheque para alimentación por 300 euros para familias con rentas inferiores a 42.000 euros anuales, lo que está haciendo el Estado no es darte dinero gratis sino devolverte una parte de lo que te ha cobrado antes para que lo destines a determinado fin.

Una familia que gana  42.000 euros anuales no paga menos de 10.000 euros en impuestos distribuidos en diferentes conceptos tributarios, que según hábitos de compra puede ser una cifra muy superior. Si el Estado te da 300 euros para compensar la inflación, lo que está haciendo es devolverte tu dinero después de que haya pasado por las arcas públicas mediante un acto que aspira a que la sociedad lo valore como generosidad, como buen hacer, como solidario y bien gestionado. 

Condicionar el destino de los ingresos de los contribuyentes se ha convertido en una fórmula de manipulación social con éxito entre quienes siguen creyendo que lo que paga el Estado es gratis

Todas estas liberalidades de las distintas administraciones públicas que se aplican con carácter universal no pueden ser entendidas como redistribución de renta sino como intromisiones públicas en la forma de gasto, como decisiones del poder sobre los ingresos de los trabajadores.

Hoy, el Estado, mediante sus distintas formas de intervención, lo que hace en su actividad de gasto, va más allá de garantizar unas condiciones mínimas (cosa que a veces no acierta a conseguir) sino decidir en qué se van a gastar el dinero los contribuyentes, no porque ellos no sepan qué es lo que les conviene, sino porque condicionar el destino de sus ingresos se ha convertido en una fórmula de manipulación social que tiene un frecuente éxito entre quienes siguen creyendo que lo que paga el Estado, es gratis.