Podemos propone vetar a CAF en los concursos públicos por participar en el “negocio del genocidio”

Podemos quiere ajustar cuentas con la vasca CAF y sus contratos con el gobierno israelí, en vigor desde el año 2019. El grupo que dirige Ione Belarra en el Congreso de los Diputados acaba de registrar una moción parlamentaria en la que apuntan directamente a la empresa ferroviaria vasca. 

Belarra agita así la tensa situación que se vive en la planta de Beasain. Miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades vascas para que la compañía ponga punto final a su contrato en Israel. Y los trabajadores de la propia CAF también han secundado los parones convocados a favor de Palestina.

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En este contexto, la moción registrada por Podemos pide al Gobierno que establezca “un registro público de empresas españolas o que operan en España que participan directa o indirectamente del sostenimiento de la economía israelí y del negocio del genocidio, como la vasca CAF”.

Y añade que, sobre la base de ese registro de empresas, se “prohíba su participación en cualquier concurso público de administraciones españolas”.

Dentro de CAF, y como ya ha contado Crónica Vasca, hay un choque de posturas entre la dirección, que niega que el contrato del tranvía en Jerusalén "vulnere los derechos humanos" y los trabajadores, que sostienen que es "una herramienta de ocupación" de Palestina.

El tranvía de Jerusalén es un proyecto que se adjudicó hace seis años bajo la participación público-privada al consorcio participado por la empresa guipuzcoana y Shapir. El valor total aproximado es de 1.800 millones de euros e incluye la extensión de la red del tranvía en 27 kilómetros y 53 nuevas estaciones, y el suministro de 114 tranvías.

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CAF, además de suministrar unidades nuevas, realiza la rehabilitación de 46 unidades que a día de hoy se encuentran en servicio. Además, también participa al 50% de la sociedad que gestiona la actividad de operación y mantenimiento de las dos líneas del tranvía de Jerusalén por un período inicial de 25 años para el mantenimiento y de 15 años para la operación. 

La relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, incluyó a CAF en la lista de empresas occidentales que “sacan provecho de la ocupación ilegal israelí, del apartheid y ahora del genocidio” del pueblo palestino.

En el informe que remitió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese pide al Tribunal Internacional de Justicia y a los jueces nacionales que “investiguen y persigan a directivos y empresas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y por el blanqueamiento del producto de esos crímenes”.

Según Albanese, las líneas de tranvía en las que trabaja CAF “incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Occidental”, la parte de la ciudad reconocida internacionalmente como israelí.

CAF niega cualquier vulneración de los derechos humanos

CAF se ha defendido de estas acusaciones dejando claro que está firmemente comprometida con la “ética empresarial y el respeto de los Derechos Humanos en todas sus operaciones”, siendo consciente de las complejas “implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al Proyecto de Jerusalén, en particular con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas”.

Por ello, a lo largo de la ejecución del proyecto, CAF asegura haber aplicado medidas específicas de diligencia debida con tres niveles de intensidad. En primer lugar, asegura haber realizado un análisis legal, incluyendo catedráticos en Derecho Internacional y expertos de las Naciones Unidas, que confirmaron la ausencia de cualquier incumplimiento derivado de la participación de la empresa en el mismo.

Por otro lado, CAF dice haber llevado a cabo una evaluación inicial de los riesgos del proyecto, y reevaluaciones posteriores, sin que hasta la fecha se haya identificado ninguna vulneración de los Derechos Humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso.

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