La jueza imputa a nueve personas más en el caso de la OPE de Osakidetza y exime a Darpón

La jueza que instruye la investigación por las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones de 2018 del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha prorrogado seis meses más la investigación y ha imputado a nueve personas más, lo que eleva a 20 el número de opositores y miembros de tribunales investigados, pero rechaza que sean procesados altos cargos del Gobierno vasco, entre los que se encuentra el ex consejero de Salud, Jon Darpón, o la ex directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica.

La magistrada ha rechazado en un auto fechado el 1 de septiembre la petición hecha por el sindicato LAB, personado en la causa, que había solicitado la imputación por ese delito de Darpón, Múgica y también de otros cargos de Osakidetza y del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

La instructora considera que "las personas indicadas por la acusación no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar como tal al Gobierno Vasco, a Osakidetza o al IVAP, y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delitos o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas".

"Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación 'paralela' o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita. No existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no procede la citación en calidad de investigados de las personas señaladas por este concepto", argumenta la magistrada.

Además de la "asociación ilícita", LAB solicitó la imputación de estas personas por revelación de secretos, fraude en la contratación, prevaricación o negativa a perseguir delitos, cuestiones todas ellas que la jueza rechaza en un auto adelantado por eldiario.es y al que también ha tenido acceso Efe.

Por otro lado, la titular del Juzgado número 2 de Vitoria que instruye esta causa acuerda a petición de ESK, otro de los sindicatos personados en el procedimiento, llamar como investigadas a nueve personas más vinculadas con las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, Urología y Cardiología. De esta manera los imputados en la causa ascienden ya a 20.

También a instancias de la Fiscalía ha aceptado la declaración de nueve testigos de diferentes especialidades.

La magistrada ha acordado asimismo prorrogar la investigación seis meses más, un hecho que para ESK es positivo ya que podría ser tiempo "suficiente para llevar adelante todas las diligencias pertinentes".

Esta central ha indicado que van a estudiar "en profundidad" el auto porque ha habido una serie de solicitudes que no han sido aceptadas por la jueza y que podrían ser recurridas.

Finalmente ESK ha pedido a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y a la dirección de Osakidetza "un compromiso claro y explícito" para que acaben las "prácticas clientelares" en el Servicio Vasco de Salud y reconocer que estas se han estado dando desde hace muchos años

También ha opinado que este "sistema clientelar" se acabará cuando toda la plantilla de Osakidetza se plante contra él.

LAB ha calificado de mala noticia que la magistrada haya "cerrado varias puertas imprescindibles" para la aclaración de los hechos y ha anunciado un recurso porque "sería un error de consecuencias muy graves reducir el tema de las filtraciones a un único delito de revelación de secretos".

"No compartimos la idea de que esto ha sucedido porque una serie de elementos discordantes actuaban al margen de todo el mundo", ha opinado esta central, que ha insistido en que tiene la "certeza" de que la dirección de Osakidetza "ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones, así como su impunidad", y que "ha ido creando cortinas de humo para esconder esa práctica corrupta".

También mantiene LAB que el diseño y la planificación de la OPE de 2016-2017 ha tenido "como finalidad perpetuar prácticas feudales irregulares que no tienen encaje en un estado de derecho".

Recuerda que la finalidad de la fase de instrucción es "acumular elementos para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos", así como la identificación de sus autores, y que cuando han pasado más de tres años de la denuncia que dio origen al caso existen "múltiples incógnitas que han de ser despejadas".

En este sentido LAB censura la "falta de respuesta" en el auto recién notificado "al vericueto organizativo de la OPE" cuando "en realidad Osakidetza mantenía un control total en diferido" de esa Oferta Pública de Empleo.