El Supremo muestra su malestar con la decisión de Sánchez de dejar en sus manos las restricciones

El Gobierno central aprobó el martes un decreto según el cual las Comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo en caso de conflicto con sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Lo que pretende el Gobierno de Sánchez es unificar criterios y que haya una doctrina común, de forma que todas las comunidades autonónomas tengan seguridad jurídica sobre sus actuaciones y no sean diferentes las decisiones judiciales según los tribunales de cada comunidad. En concreto, aprobará un decreto que modifica la ley que regula el contencioso administrativo.

Esta medida dará cobertura a las medidas que apruebe el Gobierno vasco en el decreto anunciado por el lehendakari pero sobre el cual aún ha rehusado dar más detalles relativos a las medidas que considera establecer.

No obstante, la reforma aprobada por el Gobierno no ha sentado bien en el Supremo. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha alertado del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema".

"Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos", dice Tolosa, que ya se ha reunido con los cuatro presidentes de sección de la misma Sala con el fin de preparar la aplicación de la reforma del Gobierno, porque es posible que los primeros recursos no tarden en llegar, lo que llevará a la Fiscalía a posicionarse sobre las medidas.

La Fiscalía vasca ya ha mostrado su rechazo

Es el caso de Euskadi. La Fiscalía del País Vasco ha sido la primera en expresar su rechazo a la posibilidad de que la región mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ su informe sobre el borrador de decreto que plantea el Gobierno Vasco, en el que considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.

Estudiará caso por caso

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que estudiará caso por caso las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos, de manera que no establecerá un criterio general del actuación, ya que quiere que esa posición la fije cuanto antes el Tribunal Supremo, que desde el 9 de mayo tendrá la ultima palabra.

Fuentes fiscales han informado de que la Fiscalía General del Estado no impondrá un mismo criterio de actuación en todas las comunidades cuando le toque presentar sus informes ante los decretos con las medidas restrictivas que adopten los gobierno regionales. Se irá caso a caso, sin atender a un criterio general y sí particular de cada comunidad autónoma en función de su situación epidemiológica y la coyuntura del momento, añaden las fuentes.

No obstante, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada región, porque confía en que el Tribunal Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes.