Los discursos de odio "deben combatirse desde las instituciones más allá de la condena"

En Euskadi, las políticas pedagógicas, antidiscriminatorias, preventivas, de corte interseccional, son numerosas, pero "limitadas". "Existe sensibilización por parte del Gobierno vasco frente a la discriminación a través del apoyo a estrategias de convivencia", afirma la antropóloga, profesora e investigadora Andrea Ruiz, "pero creo que no es suficiente". El posicionamiento político, explica, debe ir más allá la condena a ciertos actos violentos que suponen "la punta del iceberg" en un entorno hostil para muchos individuos. Los constructos e interpretaciones acerca de 'el otro', colectivos minoritarios sobre los que pesa, a día de hoy, un estigma social, se deben contrarrestar desde el ámbito institucional fuera de los marcos narrativos que incitan al odio o la violencia, generar un discurso propio, de convivencia, y no "de simple reacción ante un discurso incendiario" para evitar la expresión de rechazo en actos considerados delictivos. 

Los crímenes de odio son una realidad emergente en el imaginario social, a la vez que cobran fuerza en el ámbito jurídico y, por ende, en los datos oficiales, ante lo que los expertos aluden a una gran complejidad interpretativa y la necesidad de analizar individualmente este tipo de infracciones. El informe publicado por el Ministerio del Interior el pasado miércoles relativo al año 2020 arroja cifras que sitúan a Euskadi entre las comunidades autónomas con tasas más altas de delitos de odio junto Navarra y las ciudades Ceuta y Melilla. Por provincias, Álava a la cabeza. En total, se recogieron en España 1.401 denuncias por delito de odio el pasado año, según la tasa por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Autónoma Vasca presetaba un 10%, frente a más de la mitad de las comunidades que aglutinan entre un 1% y un 3%. 

Aunque profesionales en sociología no identifican ninguna razón por la que Euskadi pueda considerarse más violenta o diferenciarse en estos términos del resto de comunidades más allá de las herramientas de medición de las diferentes fuerzas de seguridad, "sí observamos un incremento de la violencia estructural, intrafamiliar, violencia machista y de género y delitos de odio", ha expresado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso. Lo que, a su juicio, lleva a la reflexión del modelo de sociedad y el rearme de las políticas preventivas con la educación y los servicios sociales como primer paso para la integración. Desde la psicología, señalan, sin embargo, el error de entender la educación en valores como tarea exclusiva de los centros educativos en los que fundamentalmente se imparten materias y conocimiento. 

"No puedo evitar aquello que decíamos cuando empezó la pandemia de que ibamos a salir mejores personas. Da la sensación de que nada de eso, de que efectivamente hay una exhacerbación de la violencia a la que tenemos que estar muy vigilantes", concluía el delegado.

Más delitos racistas en Euskadi

Según el informe anual de Incidentes de odio en Euskadi elaborado por la Ertzaintza desde 2016, el año pasado se registraron 241 infracciones relativas a delitos de odio en el territorio, veinte más que los recogidos por el Gobierno central, casi la mitad de carácter racista o xenófobo dirigidos a personas de origen árabe, africano o latinas, ante lo que Xabier Aierdi Urraza, experto en temas de inmigración y servicios sociales distingue discriminaciones abiertas e individuales, pero no un principio de comportamiento de xenofobia identificable en el ámbito de la sociología. Otro 21% de los delitos de odio estuvieron relacionados con la orientación e identidad sexual de las víctimas, la mayoría hombres homosexuales, y un 12% se produjeron por la diversidad funcional de las personas atacadas, seguido de motivos ideológicos o de orientación política, un 9,96% que engloban trato degradantes, lesiones, amenazas o amenazas. 

Según refleja el estudio, el número de infracciones se ha duplicado respecto al año previo a la pandemia. Las autoridades aluden a la mejora de los sistemas de recogida, aumento de confianza de los colectivos victimizados, y mejora de la colaboración dentro de la Administración de Justicia, sin dejar de lado un aumento real y significativo de este tipo de criminalidad. La penalización o consideración de este tipo de delitos depende, además, de si el odio se considera como agravante de un tipo de delito o un delito en si mismo regulado en el artículo 510 del Código Penal. "Si el delitos de odio actúa como lógica preventiva de cara a lo que puede llegar a suceder y se toman una serie de medidas no hay discusión, pero es difícil teorizar y mucho más legislar en respuesta a una lógica de emociones", afirma Aierdi. 

Mayor aceptación de la diversidad con actitudes ocultas

Más allá del ámbito jurídico, las investigaciones apuntan a una mayor sensibilidad en la sociedad vasca, abierta a aceptar la diversidad, si bien oculta actitudes menos tolerantes hacia determinados colectivos. Así el 24,4% de la población vasca declara haber sido discriminada en algún momento de su vida, porcentaje superior en el caso de las mujeres, según el informe ‘Discriminación y Diversidad en la CAE: perspectivas, ámbitos y colectivos’, elaborado por Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración que determina una menor tolerancia a la comunidad gitana o población de origen extranjero. 

"La discriminación residencial es, con diferencia, la que se percibe en mayor medida, seguramente porque se sufre de manera flagrante por parte de algunos colectivos y porque se enmarca en un mercado residencial salvaje que apenas considera la vivienda un derecho”, afirma el estudio que refleja la discriminación en el mercado laboral o sexista en la sociedad vasca.