Dos juzgados de Bilbao han amenazado con multar al Ayuntamiento de Mungia por no facilitar datos sobre el cobro por cargas urbanísticas en el polémico plan de Larrabizker, con el que pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros. En diciembre pasado, cuatro juzgados ordenaron la suspensión del cobro millonario tras los pleitos presentados por una docena de vecinos. Argumentaron la paralización en que dichos cobros pueden “afectar de manera clara al patrimonio” del afectado y porque el caso ya es investigado judicialmente en otros juzgados de Bilbao. Los autos han sido recurridos por el Ayuntamiento de Mungia y los afectados y está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde septiembre, los vecinos empezaron a recibir una comunicación del Ayuntamiento en el que se les conmina a pagar el primer plazo de estos cargos, que cuantifica en más de 1,5 millones de euros y detalla los conceptos (redacción de documentos, informes jurídicos, proyectos o respuestas a las alegaciones) pero sin facturas ni otra documentación adicional. Además, los cargos no incluyen el IVA. El consistorio anticipaba que están pendientes otros dos pagos para “el resto de gastos de urbanización y honorarios de dirección de obra” y la “liquidación final”. Sobre el primero señalaba que se pasaría a finales de diciembre, que no se ha enviado aún, y el segundo no tiene fecha.

Una docena de vecinos presentaron un recurso ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Bilbao para que se suspenda el pago de las cantidades de este primer plazo, que oscilan entre los 6.000 y 30.000 euros por propietario.

El pasado 1 de diciembre se dictó el primer auto que da la razón a un afectado, un jubilado al que el Ayuntamiento de Mungia le había reclamado el pago de una primera cuota de casi 14.000 euros. A esta resolución han seguido a lo largo de diciembre otras ocho más, que suspenden cautelarmente los pagos, dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 1, 2, 3 y 5. En uno de los casos, a una vecina se le exigían casi 82.000 euros en tres facturas, cuando es una pensionista de 76 años que percibe 300 euros mensuales como único ingreso.

Los motivos de la suspensión del cobro son tres y coinciden. El primero, como argumentan las defensas de los afectados, es que ya existe un aval (la vivienda) para el pago del dinero que exige el ayuntamiento. La segunda razón es que dicho cobro “sí puede afectar de manera clara al patrimonio” del afectado, personas “de edad avanzada y que percibe los ingresos propios de su situación de jubilado”.

Y el tercer motivo esgrimido por los jueces es la “existencia de diversos procedimientos en trámites ante distintos juzgados” sobre este caso. Se refieren a la denuncia contra el plan de parcelación interpuesto por los vecinos y a una segunda demanda contra el plan de urbanización, la iniciada en febrero que indaga el sobreprecio de las cargas urbanísticas y la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

Únicamente tres de las 12 denuncias, las que han sido tramitadas por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4, han sido rechazadas. Este juzgado considera que el daño a estos jubilados no es importante y que la suspensión del cobro solo se justifica si existiera “una flagrante y grosera violación de la normativa urbanística”.

Los juzgados han pedido al Ayuntamiento de Mungia datos del expediente de este caso, pero han recibido información incompleta. En concreto, los juzgados de lo contencioso número 2 y 4 de Bilbao solicitaron, respectivamente, en marzo y abril la ampliación del expediente administrativo con todas las facturas de la urbanización que pretenden cobrar a los vecinos, pero sin obtener respuesta. Ante ello, el juzgado número 2 exigió, en una diligencia dictado el pasado 9 de abril, la remisión inmediata de la información con el “apercibimiento” de que “impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento”. La misma advertencia envió el juzgado número 4 en otra diligencia mandada el 27 de abril.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero del pasado año y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao inició una investigación el 3 de febrero de 2020, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

En esta instrucción judicial en marzo pasado se tomó declaración a la secretaria municipal, Aranzazu García quien aseguró al juez que “desconoce” si es legal el cobro millonario o que no incluya el IVA, pese a que una de sus principales funciones es velar por la legalidad de las actuaciones del ayuntamiento. Un perito declaró en febrero pasado, en el mismo juzgado, que el Ayuntamiento de Mungia ha incumplido su propia legislación al exigir 600.000 euros más de lo que dicta el planeamiento urbanístico de Mungia, según el informe pericial que ha elaborado.