Al finalizar la tercera guerra carlista, en 1876, tuvo lugar un hito histórico que se ha conocido como la 'abolición foral', una Ley que obligaba a los territorios vascos a aportar fondos para financiar el Estado, a enviar levas para los ejércitos y a sustituir las instituciones forales por diputaciones generales. Sin embargo, lo que ciertos reducionismos históricos han convertido en un agravio que dio origen al nacionalismo, primero vizcaíno y más tarde vasco, tiene un relato mucho más rico, complejo y lleno de claroscuros y en el que nacieron el Concierto Económico y el Cupo, para cuyo cálculo tuvo un peso desconocido una provincia muy alejada de todo aquello, Soria. 

Fueristas liberales

Lejos de la idea que ha podido quedar en el imaginario colectivo, la realidad de la 'abolición foral' está lejos de una anulación de los derechos históricos y de las instituciones vascas aplicadas por los 'centralistas' de Madrid que vencieron en el tercer conflicto carlista del s. XIX. Los acuerdos que siguieron tras la guerra se acercaron más a un pacto entre vencedores que a una imposición a los derrotados. Y en la construcción de esos acuerdos destacan dos nombres con mayúscula. Uno, el del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, y el otro, el que fuera Diputado general de Bizkaia, Manuel María de Gortazar, un foralista convencido que encarnó el ejemplo de la corriente de los 'fueristas liberales' junto a otros como José María de Murga, conocido como el 'Moro vizcaíno', y su predecesor en el cargo. Estos últimos eran convencidos fueristas, miembros de la naciente burguesía vizcaína, contrarios al bando carlista del que sufrieron el sitio y bombardeo de Bilbao y al que vencieron en la contienda. 

Manuel María de Gortázar Munibe

La primera propuesta de Cupo vizcaíno fue de 1.032.000 pesetas

Estos foralistas tuvieron que emprender las negociaciones con el Estado para fijar el Cupo. Unos contactos en los que ya se traslucía cierto espíritu de concertación, de necesidad de encuentro de voluntades para construir los acuerdos. De ahí que la delegación de los territorios vascos forzara una dilación de plazos. Una situación que elevó el malestar en Cánovas hasta el punto de que llegó a amenazar con dejar que los carlistas tomaran Bilbao. No llegó la sangre al río, pero sí un decreto en mayo de 1877 que suprimió las instituciones forales. El presidente del Gobierno reconocía en la Cámara Baja que se trataba de forzar el avance de las negociaciones porque "¿cómo castigar a los liberales fueristas que ganaran la guerra?"

Pero seguía sin concretarse la aportación y Cánovas aprobó un decreto en noviembre de 1877 en el que fijaba la aportación de Bizkaia en 1.032.000 pesetas. Fue entonces cuando la delegación vasca, encabezada por los vizcaínos con su diputado general, Manuel María de Gortázar, acudió a Madrid con el objetivo de llegar a un acuerdo y la petición de rebajar la cifra en 300.000 pesetas. 

Y Soria se coló en el cupo vasco

Las reuniones comenzaron en diciembre de 1877, solo interrumpidas por la boda de Alfonso XII con la infortunada Mercedes de Orleans. Y es aquí donde aparece la referencia a Soria que sirvió para centrar la negociación del primer Cupo. Cánovas se opuso firmemente a las razones que Gortázar esgrimió para reducir el pago planteado. El diputado general de Bizkaia presentó estudios sobre los pagos que realizaban provincias como Navarra, Burgos o Santander para defender esa rebaja, junto a un picaresco recurso a la falta de datos estadísticos sobre los impuestos directos "porque rara vez se recurría a ellos, por lo que no se podía considerar las sumas del impuesto por inmuebles, cultivos o ganadería".

El caso es que Cánovas esgrimió que de aplicar la rebaja planteada por Bizkaia, este territorio sería la provincia que menos aportaría a la financiación del Estado, por detrás incluso que Soria. Así que esta provincia castellana se convirtió en el borrador sobre el que se discutía la cantidad del primer Cupo de Bizkaia, era la línea roja que se mantuvo en la mesa de las negociaciones. Al final, el acuerdo redujo el 1.032.000 de pesetas a 848.000 pesetas. No menos que Soria, pero muy cercano y, desde luego, lejos de lo que aparentemente suponía el peso de Bizkaia en el conjunto del Estado y más lejos aún de nada que pudiera parecerse a la imposición de unos vencedores sobre unos derrotados. 

El acuerdo alcanzado por Manuel María de Gortazar también reconoció a los funcionarios y a la administración foral como herramienta para mantener, no solo la recaudación de impuestos, sino además cierto margen para regular con autonomía los tributos concertados. El pacto hizo también que Bizkaia ya no enviara solo generales al ejército de España, sino que también tuviera que participar en las levas de soldados. Lo que sí se perdió en las conocidas como Doce Villas (Bilbao, Durango, Gernika, entre otras) es la aplicación del derecho civil foral y tuvieron que aplicar el mayorazgo castellano, aunque en el resto de zonas vizcaínas sí permaneció la tradición de herencia connatural al fuero. 

El caso es que se abrió entonces una tradición de negociación sobre el Cupo y de gestión de tributos concertados que hoy es la base del autogobierno vasco, un sistema en el que el papel de Gortázar y Cánovas fue histórico, como también lo fue el de la otra provincia 'vasca', Soria.