Los despidos han azotado a los grandes grupos automovilísticos vascos en los dos últimos meses. El Grupo Gestamp anunció a los sindicatos a finales de septiembre su pretensión de clausurar Matricería Deusto y la ingeniería de troqueles GTS, ambas ubicadas en Zamudio (Bizkaia), despidiendo a 230 trabajadores. Al grupo vasco de componentes automovilísticos, que en el primer semestre de 2020 registró pérdias por valor de 120 millones de euros, hay que sumar a Mercedes Vitoria, que sopesa la no renovación de los contratos temporales a patir de enero, sin que se descarten otros despidos.
La decisión de Gestamp se enmarca en una decisión global que afecta a las plantillas en Europa, incluidas sus oficinas centrales en España y algunas plantas de matricería. Los sindicatos han solicitado la intervención del Gobierno vasco recordando que la empresa Gestamp obtuvo ayudas públicas y en 2018 unos "beneficios netos de 258 millones y en 2019 de 212 millones". Gestamp anunció en septiembre el cierre de Matricería Deusto, con 177 trabajadores, y la ingeniería de troqueles GTS, con 54 empleados, debido a la pérdida de competitividad de la matricería en España y en Europa en la última década y a la caída del mercado en más de un 20 por ciento por la pandemia de Covid-19.
En el caso de Mercedes Vitoria, la empresa ha anunciado no renovar el medio millar de contratos temporales a partir de enero de 2021. Tampoco descarta que haya despidos. Los ajustes que planean sobre la fábrica alavesa, que dan trabajo a unas 5.000 personas, han sido justificados por la empresa como medida de ajuste ante la caída de la actividad provocada por la crisis del coronavirus. La empresa comunicó a sus trabajadores que el "enorme desfase entre la capacidad productiva y la demanda del mercado" hace "imposible mantener el ritmo de producción en los tres turnos actuales" sin aplicar algún ERE.
Los pedidos aeronáuticos, bajo mínimos
Los ajustes laborales se han cebado también este segundo semestre con la industria aeronáutica vasca. En los últimos meses, dos de sus grandes empresas, Industria de Turbopropulsores (ITP Aero) y Aernnova, han emprendido importantes ajustes laborales. ITP Aero, filial de Rolls-Royce, acordó con los sindicatos CCOO y UGT el despido de 121 trabajadores de su planta principal en Zamudio (Bizkaia). Por otro lado, Aernnova, con planta en Berentevilla (Álava), ha trasladado esta misma semana a los sindicatos su intención de llevar a cabo un ERE que afectaría a los 450 trabajadores de esta planta.
ITP fue la primera gran empresa del sector aeronáutico casco que alcanzó un principio de acuerdo para ajustar la plantilla tras la caída de los pedidos provocada por el escaso flujo de tráfico aéreo por la crisis del coronavirus. En el caso de Aernnova, a finales del mes de julio la dirección de la empresa anunció un recorte del 20% de la plantilla debido a la caída de la actividad y de los pedidos, lo que conllevaría 950 despidos, de ellos 650 en sus plantas españolas. La plantilla del centro de Berantevilla, en el que trabajan 450 personas, está inmersa en un ERTE que concluye, en principio, el 31 de diciembre.
Oposición sindical
ELA ha rechazado el ERE anunciado pues entiende que la baja carga de trabajo actual es coyuntural y que por ello no son justificables "las medidas estructurales y traumáticas que quiere tomar la empresa", a la que ha acusado de buscar "sacar rentabilidad a la crisis coyuntural que está viviendo el sector". Ha defendido que Aernnova tiene una "rentabilidad millonaria", ya que, según esta central, en 2017, repartió 139,4 millones entre sus accionistas y en enero de este año ha solicitado un crédito de 490 millones de euros, de los que 100 serán para los accionistas. "Estos números reflejan que lo único que quieren es sacar dinero de esta situación", ha insistido ELA en una nota recogida por Efe.
También LAB ha mostrado su "más firme oposición" al ERE, ha emplazado a las instituciones a que se impliquen en la garantía del empleo y el futuro de la empresa, y ha destacado, como ELA, que la situación actual de Aernnova se circunscribe a una "situación coyuntural" que requiere de medidas coyunturales para afrontarla. Ha propuesto como alternativa al expediente la rebaja de la jornada laboral y el reparto del trabajo entre los empleados y ha insistido en solicitar a las administraciones una "verdadera política industrial que se dirija a la defensa de los trabajadores".