Hoy arranca la reunión del Consejo Europeo con los Fondos de Recuperación frente a la covid-19 como elemento central en el análisis. Y es que es una de las citas clave para ver si se desactiva el veto que Polonia y Hungría han presentado al Presupuesto de la Unión Europea. Una posición que impide el desarrollo de la deuda común de los Estados para financiar las ayudas. Aunque las instituciones europeas trabajan en un “plan b”, no deja de ser un contratiempo.
Y es que, en una decisión sin precedentes, los Estados miembros han habilitado, a costa de deuda compartida, 1,8 billones de euros para afrontar la recuperación tras el paso de la covid-19 por Europa. En total, España espera percibir un total de 140.000 millones, de los que 70.000 millones serán en forma de ayuda directa y otros tanto como crédito que deberá devolverse y sujeto, además, a condiciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido que el 50% de esas cantidades será para las Comunidades Autónomas, a las que ha pedido que vayan preparando sus proyectos porque es España quien debe presentar ante Europa un documento único con todos los planes.
Mientras tanto siguen apareciendo incógnitas. El Gobierno vasco ha decidido no contar con ninguna de estas ayudas en su presupuesto de 2021 porque, como ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, “todavía hay muchas dudas sobre cómo llegarán las cantidades”. En cambio, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sí que han sumado en su partida de ingresos 27.000 millones de euros que cuenta recibir de estos fondos.
La europarlamentaria vasca del PSE, Eider Gardiazabal, goza de una posición privilegiada ya que está en la comisión que, en nombre de la Eurocámara, negocia con el Gobierno de Europa los criterios y aplicaciones concretas que regirán la selección de los proyectos financiados.
El objetivo era llegar a final de año con las ayudas definidas y listas para empezar a recibir los diferentes proyectos. ¿Cómo afecta el veto húngaro y polaco?
Los plazos se podrían mantener. Evidentemente, el cómo se solucione la cuestión del veto es fundamental. Pero el trabajo está yendo en paralelo. Por un lado, los Estados ya están preparando sus planes para presentarlos y, por otro, entre el Parlamento y el Consejo estamos manteniendo las discusiones para afinar sobre los criterios que deben cumplir cada uno de los planes. Pero, además, hay una tercera línea que es la de la búsqueda de ese plan b, de esa vía para desatascar el veto. Pero no se puede parar en ninguna, hay que avanzar en los tres planos para que no se retrasen las inversiones.
Los países están trabajando ya en sus borradores, están en contacto directo con la Comisión, van viendo si las cosas se van ajustando bien o hay que modificar cosas.
En 2021 llegarán los primeros fondos de la Unión Europea
¿Esta cuestión podría retrasar la llegada de los fondos? Hay quienes cuestionan que puedan estar en 2021
Sí, sí. En 2021 ya llegarán los primeros fondos. La primera parte depende de la aprobación final del Plan en la que estamos avanzando y el acuerdo entre el parlamento y la Comisión será antes de fin de año. A ver cómo el Consejo resuelve la situación del veto y si es necesario activar el “plan b”, pero se está trabajando en todas las líneas para, como decía, no retrasar este punto.
El Gobierno de España sí ha contando con el Fondo de Recuperación en su presupuesto para el año que viene. El Gobierno vasco, en cambio, no. ¿Quién acierta?
España tiene el borrador muy avanzando y lo presentará en cuanto pueda, a partir del 1 de enero. Y, en ese momento, recibirá, al menos un 10% de la financiación presentada y que reciba el visto bueno. Y hablo de un 10%, pero ahora mismo una de las líneas de negociación con la Comisión Europea es que ese porcentaje del primer pago pueda ser mayor. Hemos planteado que sea un 20%, por lo que creemos que al menos llegaremos a un 15%, con lo que es una inyección importante. Pero siendo un 15% o un 10%, el acuerdo es sí o sí dar esa inyección en ese momento, por lo que se puede contar con esa parte de los fondos en el presupuesto de 2021. Y es que, además, hay muchas cosas que el Gobierno ya está haciendo en líneas de financiación, como los ICO y que se pueden meter en el plan de recuperación. Más aún, se trata de líneas que requieren haberse puesto en marcha desde el 1 de febrero de 2020. Son líneas ya ejecutadas que se reembolsarán rápidamente. Se puede contar con esas cantidades en el presupuesto del año que viene.
El acuerdo es un salto conceptual enorme y abre muchas puertas para el futuro
Más allá de las cuestiones operativas, de vetos y plazos, estamos sin duda ante un acuerdo histórico.
Es histórico, parece que, a fuerza de repetirlo, pierde eficacia esa palabra. Pero es indudable que se trata de algo histórico. Es la primera vez que la UE hace un plan con deuda conjunta para afronta inversiones. Conceptualmente es un salto enorme y abre muchas puertas para el futuro. Esta crisis, desgraciadamente, no será la única. Y abrir esta puerta da mucha tranquilidad para el futuro. Y esto es algo muy positivo respecto a la otra crisis, la de 2008. Se está haciendo todo lo contrario, en vez de apretar a los gobiernos, inyectar liquidez. Ahora es lo que hay que hacer; y cuando las cosas se estabilicen un poco ya llegará la hora de ser más prudentes y reequilibrar la deuda.
En cuanto a los objetivos, las acciones que mejoren la sostenibilidad y avancen hacia esa transformación gozan de prioridad. ¿Es el momento verde?
Nosotros queremos ser más ambiciosos en las cuestiones de cambio climático, porque creemos que esa es la vía que va a aportar una inyección de dinero importante y también es una oportunidad para saltarnos años en esta transición ecológica y digital. En definitiva, esta es la parte positiva de este plan, que nos podemos saltar varias etapas o varios años de transición climática y digital.
En el sector industrial, además, la digitalización es otra de las líneas fundamentales de apoyo. ¿Qué proyectos serán los más cuidados?
El objetivo es el desarrollo de proyectos que se centren en inversión en I+D y en que el tejido productivo europeo tenga ese valor añadido. En el diagnóstico sobre las pequeñas y medianas empresas pesa la necesidad de conectividad y digitalización para afrontar ese objetivo. Especialmente en las pymes españolas.
¿Y en las grandes?
Ahí cobra mucho protagonismo el proceso de robótica, automatización, ahí se centrará mucho esfuerzo. Una transición digital que es importantísimo afrontar, pero desde una perspectiva justa. Hay que acompañar este proceso de transformación productiva en la que hay trabajadores que salen de la línea de producción, pero han de ir a otro sectores. Hay que monitorizar esa reconversión incentivando a los sectores emergentes para que crezcan.
Las renovables van a arrastrar a otras industrias
Por ejemplo, las energías renovables
Así es. Es un sector fundamental para la transición energética, la sostenibilidad y la economía circular, un vector de crecimiento fundamental en esta transformación. Hay que aprovechar esta coyuntura para impulsarlo. Aquí se generará mucho empleo y muy potente. Se va a invertir mucho en el hidrógeno verde y, nosotros aquí tenemos mucha capacidad, así como en la energía renovable. Pero es que, además, esta línea va a arrastrar a otras industrias. La apuesta por la sostenibilidad, por ejemplo, en la construcción, que en nuestro caso también es muy importante. Las líneas para la mejora energégica en los edificios públicos y privados ayudará con subvenciones los titulares para que se reactive también este sector.
La aeronáutica y la automoción han sufrido los efectos de esta crisis de una manera muy intensa. ¿Qué línea se fija para esas industrias?
La dirección aquí es la del coche eléctrico. Es clarísimo. Es la vía en la que se activarán líneas de investigación, proyectos para la transformación y la producción. Y en la aeronáutica el nicho de investigación y de desarrollo apunta a los nuevos motores de los aviones, su consumo y sus emisiones.
La parte empresarial de los Fondos de Recuperación, la que se centra en la transformación digital y la sostenibilidad es la que más atención ha generado. Pero también hay una parte social.
Nosotros (en referencia a la comisión del Parlamento Europeo) queremos ser más concretos en los temas sociales. Es el complemento necesario a las otras dos grandes líneas. Es necesario reforzar el vector de educación y juventud. Ahí hemos de construir un mensaje potente de la Unión Europea. Y es que la pandemia ha tenido un impacto social muy grande, impacto en el empleo, impacto en la juventud. Queremos que estas líneas estén muy especificadas y que los Estados hagan esfuerzos par que parte de las inversiones vayan a temas sociales, de educación, de políticas juveniles, de formación. Aquí el desempleo juvenil es un problema que debemos afrontar. Esta crisis ha impactado con fuerza en ése sector.
Es como si intentáramos aprovechar la situación para buscar todos los retos pendientes.
Este plan de inversiones nos va a permitir avanzar y hacer esas transiciones que llevamos tiempo señalando, que sabemos que tenemos que hacer, pero que carecíamos de financiación para empezar. Es también poner en marcha una filosofía de acción más global. No se trata solo de asistir a la crisis social, sino, a la vez, dar respuesta a los retos del futuro.
En 2023 Europa protegerá a su sector del acero con tasas para gravar los productos elaborados en terceros países
Hemos hablado de la Automoción y la Aeronáutica, pero ¿qué puede encontrar en Europa el sector del Acero y las empresas tuberas?
Además de las líneas de inversión, aquí si hay otro debate muy interesante. Es el de la tasa de ajuste en frontera del carbono. Ahora mismo, por los compromisos de la industria europea en materia de medioambiente, condiciones de trabajo y demás, para las empresas europeas del sector su producción resulta más cara que en terceros países como China o India. Eso genera una desventaja competitiva importante. Y con esta tasa los productos que vengan de fuera de Europa y no se adapten a estas exigencias deberán asumir el pago de esa tasa, de ese impuesto en frontera.
Es una demanda histórica del sector, aunque suponga abrir el debate arancelario y del proteccionismo
Sí, efectivamente. Es algo delicado, pero no puede ser que en la Unión Europea, en España, en Euskadi, los fabricantes estén sometidos a unos estándares de calidad y los demás no. Por eso se trata de equilibrar un poco el mercado. Por eso la Comisión hará la propuesta entre 2021 y 2022 para que la medida entre en vigor desde 2023.
¿Hay alguna diferencia entre las ayudas que tienen un presupuesto que se percibe como ayuda directa y las que son financiación?
No, no. Los criterios son los mismos, solo que, la primera parte es como subvención directa. Y luego, si hay más proyectos o más necesidad de financiación, el Estado puede solicitar que una parte sea a subvención. Pero, la parte financiada a crédito es más para dar seguridad, para dar solidez a la línea de ayudas o por si cambia la situación de los tipos de interés. A día de hoy, los Estados no tienen problemas para encontrar líneas de crédito.
Entonces, lo que sí requiere la gestión es un gran esfuerzo de coordinación en cada Estado para la presentación de los proyectos.
Sí, desde luego. Cada Estado miembro es el que presenta el documento con todos sus planes. Así que, previamente, ha debido coordinarlos y repartir su financiación correctamente. Porque luego, los planes se estudiarán y habrá partes que se aprueben o se modifiquen. Ésa esa la labor de la Comisión, la de pedir información, la de desechar, la de plantear cambios. Es necesario un esfuerzo de coordinación y cooperación.