Los líderes de la Unión Europea (UE) lograron este jueves desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de derecho. El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros (2,1 billones de dólares) para hacer frente a las consecuencias de la covid-19 con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.



"Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se congratuló en la misma red social de que los casi 2 billones de euros del plan servirán para "impulsar nuestra recuperación y construir una UE más resiliente, verde y digital".



Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes han aprobado un documento de conclusiones que clarifica que la condicionalidad de Estado de Derecho se aplicará de forma "objetiva, justa e imparcial" a todos los Estados y que, si algún país recurre esta legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer penalizaciones hasta que haya una sentencia.



Sin embargo, no se modifica la regulación en sí misma, que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país si se producen violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto comunitario, si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los Veintisiete.Esto debería allanar el camino para que la Eurocámara, que ha rechazado tajantemente cambiar este mecanismo, acepte la solución y dé luz verde al marco financiero. No obstante, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ya ha advertido de que analizarán el compromiso desde el punto de vista legal.



El acuerdo deberá ser aprobado mañana formalmente en una reunión de embajadores comunitarios de los Veintisiete, aunque esto se considera un mero trámite formal habida cuenta del visto bueno de los jefes de Estado y Gobierno. En concreto, las conclusiones adoptadas por los líderes señalan que la Comisión elaborará unas directrices para aplicar este mecanismo de condicionalidad consultando con los Estados miembros y, en caso de que alguno de ellos pida al TJUE la anulación de esta regulación, las directrices solo podrán finalizarse una vez que haya una resolución judicial para tener en cuenta la opinión de la corte. Y hasta que estas directrices no se finalicen, la Comisión no podrá proponer medidas bajo este mecanismo, lo que en la práctica supone que si Budapest o Varsovia recurren a los tribunales europeos, Bruselas no podrá proponer penalizarles, aunque lo viera necesario, hasta que haya una sentencia.



Hungría y Polonia han sido expedientados por Bruselas por sus problemas con la independencia judicial, la libertad de prensa o el respeto a las minorías.