El Gobierno vasco plantea cobrar menos impuestos a los propietarios que bajen el alquiler

El Gobierno vasco ha planteado a las Diputaciones una revisión de la fiscalidad sobre la vivienda que permita incrementar la deducción de los propietarios sobre las cantidades que perciben por el alquiler. Es una apuesta para facilitar la movilización del parque de viviendas vacías y que permitiría generar una reducción de los precios. Y es que el ejecutivo prefiere afrontar el problema de las rentas del alquiler incentivando a los propietarios y no actuando sobre el mercado con una regulación de precios. Para ello, el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, señala que es mejor aprovechar las herramientas que nos da nuestro autogobierno en colaboración con las Diputaciones, que son las competentes en materia fiscal.

Desde 2013, el Gobierno vasco registra todos los contratos de alquiler, con lo que se puede desarrollar una tabla con precios medios, en función de localidades, barrios y metros cuadrados. Con esta información, la idea es obtener unos precios reales de referencia sobre los que establecer los tramos de deducción en función de lo que suba o baje de la referencia el precio acordado en cada contrato.

La propuesta, coordinada con el departamento de Economía y Hacienda del ejecutivo, que dirige Pedro Aspiazu, fue trasladada a las Diputaciones en una de las reuniones del Órgano de Coordinación Tributaria y está en estudio. El objetivo es establecer una deducción gradual que se aplicará al propietario de tal modo que, cuanto más bajo sea el precio del alquiler que cobre, mayor porcentaje se podrá deducir. La propuesta establece que esta deducción podría llevarse hasta el 50%. Sería una forma para provocar e invitar a la bajada de los precios.

El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, asume que esta medida supone un mayor gasto fiscal, pero el planteamiento es equilibrarlo actuando sobre las deducciones en la compra. En este caso se trataría de reducirlas, porque “la progresividad no está en la compra, el problema está en el alquiler”. La recepción por parte de las Haciendas forales “ha sido buena” y, además, “con la pandemia, esta propuesta es todavía más valiosa y de más actualidad”.

El Gobierno vasco busca alternativas para dinamizar el acceso al alquiler de vivienda ante el desequilibrio que se está generando entre una demanda creciente y una oferta poco motivada a poner sus casas en alquiler. Y es que los datos hablan por sí solos. Si en 2008, el 80% de los inscritos en Etxebide demandaban una vivienda en propiedad, hoy, ése mismo porcentaje, un 80%, es el que está reclamando una vivienda en alquiler. Se ha dado la vuelta a la tortilla.

No se trata de un cambio en el modelo de vida de los vascos, sino de una consecuencia económica que ha anidado en nuestra sociedad desde la crisis de 2008. Y es que las familias con capacidad para comprar un inmueble se están reduciendo. El hecho de que las bancos ya no hipotequen el valor total de las viviendas y la cuantía de los salarios ha cerrado han generado una mezcla que hace inaccesible para muchas personas la compra de una casa.

El recurso del alquiler es un elemento que aparece, más que por elección, como única solución. Y en esa situación, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, ha detectado un grave problema porque la alta demanda de vivienda en alquiler no está logrando incentivar a los propietarios. Según datos de Vivienda del Gobierno vasco, sólo el 13% del parque de viviendas está en alquiler, mientras que en el conjunto de España ese porcentaje alcanza el 18%.

Los que buscan vivienda se encuentran precios altos en las rentas y los que se plantean poner su piso en alquiler temen por la falta de seguridad en el cobro, o el cuidado del inmueble. De ahí que, con estas medidas se pretenda facilitar un activación del mercado de alquiler.

Además, Vivienda del Gobierno vasco, tiene otros programas de alquiler en los que va a introducir novedades para dar respuesta a este problema. Como el programa Alokabide, en el que la administración asegura los cobros y el inmueble haciendo de intermediario entre el dueño y el inquilino. La renta que cobraba el propietario era de 600 euros y se va a incrementar a 650 euros. Este programa ha experimentado un crecimiento del 38%, pasando de 4.000 viviendas a 6.500.