El ratio de morosidad sufre un "aumento peligroso" del 74% en 2020

La ratio de morosidad (el porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se situó en el 5,4 %, lo que supone un "aumento peligroso" de un 74% respecto a 2019, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.

De acuerdo a los datos del "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020" presentado este jueves por la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores en el sector público aumentó en 7 días (de 70 a 77), mientras en el sector privado se elevó en 4 días (de 73 a 77).

Las grandes compañías son las peores pagadoras, ya que solo un 19 % paga dentro del plazo legal, lo que implica retrasos que "no se pueden justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez". ha dicho Cañete. El informe también subraya el mantenimiento de condiciones abusivas, ya que el 62 % de los proveedores tuvo en 2020 contratos o acuerdos comerciales con clientes que les impusieron plazos de pago superiores a los fijados por ley.

Además, por miedo a perder al cliente, el 87 % de los proveedores nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, en tanto que el 94 % no reclamó la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

"Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos", ha alertado Cañete, por lo que ha urgido al Gobierno a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas y a inyectar liquidez y reducir el endeudamiento de pymes y autónomos.

"Se necesitan ayudas directas, rescatar al ámbito empresarial del país. Si no salvamos a los que pagan nuestros impuestos, lo que no vamos a poder hacer van a ser políticas económicas ni sociales, no vamos ni a poder pagar podremos pagar parados ni a poder hacer hospitales para salvarnos", ha añadido.

Cañete ha hablado asimismo sobre la necesidad de afrontar despidos que tienen ya algunas empresas a consecuencia de la falta de demanda, lo que dificulta "aguantar puestos de trabajo, pagando la Seguridad Social", porque se pone en riesgo la viabilidad de empresas que igualmente terminarán despidiendo.