Un segundo juzgado ha abierto una investigación por el cese de la exsecretaria municipal de Iurreta que denunció irregularidades en este ayuntamiento vizcaíno. La nueva instrucción judicial, abierta por el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Bilbao, se une así la vía penal iniciada en diciembre pasado por el juzgado de instrucción número 3 de Durango, que investiga por acoso laboral al alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV) y a la interventora municipal Leire Morejón.

La anterior secretaria municipal del consistorio fue cesada por la Diputación de Bizkaia el pasado 24 de noviembre, solo ocho días después de que el juzgado de Durango abriera las diligencias de investigación penal. La denuncia presentada revelaba que el alcalde comunicó a principios de octubre a toda la plantilla, un mes antes de hacerse efectivo el cese, que no se diera trabajo a la secretaria mediante un mensaje telefónico y en día festivo por la noche; la ocultación de los contratos menores que se adjudicaban en el ayuntamiento o situaciones de acoso laboral de la interventora a empleados del ayuntamiento.

La exsecretaria municipal Irma Domingorena, que estaba en su puesto desde el 24 de marzo, había detectado un sinfín de irregularidades en la gestión municipal.  Entre ellos, que “no ha suscrito ninguna resolución de adjudicación de contratos menores” (los que se tramitan sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) y que solo son controlados por la interventora, Leire Morejón. Esos contratos no se plasman en decretos “y no hay dación de cuentas ni en el pleno ni en las comisiones informativas”.

Entre estas adjudicaciones sin control, destaca una directa de un contrato de servicios a la hija del arquitecto municipal a propuesta de él mismo. “Es un contrato de servicios de apenas 3.000 euros y cuando lo detecto ya se ha ejecutado y abonado”, señala la denuncia. Es un contrato “propuesto por el padre, responsable de área y certificada, también por el padre, la buena ejecución del contrato”.

Una parte importante de la demanda se centra en la actitud de la interventora municipal Leire Morejón, a quien acusa de acoso laboral a los empleados, especialmente a quien ocupó su puesto antes de su llegada. “Alega que llevarse mal con el personal subordinado es inherente al cargo”.

La interventora es acusada de retirar a empleados complementos salariales que debieron ser repuestos, retrasar el día de pago de las nóminas o la inasistencia a reuniones específicas de su labor como las comisiones y plenos de presupuestos. “Esgrime motivos de conciliación familiar a dichos órganos colegiados, aun cuando percibe un complemento específico del 5% por ampliación de jornada”.

Y a ello se unen casos de absentismo laboral. “Esta secretaria ha podido constatar que al menos un tercio de su jornada no se ha presentado a su puesto de trabajo. Ausencia que ha sido justificada personalmente por el alcalde. Este absentismo es público y notorio, conocido por todo el personal municipal y por algunos de los concejales que han tenido enormes dificultades para contactar con ella”.

En la nueva investigación judicial abierta el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Bilbao, se requiere a la Diputación de Bizkaia, la institución que formalizó el cese de la secretaria municipal, que presente el expediente de esta decisión. El alcalde transmitió, según refleja la demanda, en septiembre (casi tres meses antes de formalizarse la destitución) “su deseo de cesarme por falta de “feeling””. La secretaria consultó entonces con los servicios técnicos de la Diputación vizcaína, quienes le trasladaron que ese hecho no era motivo para el cese.

La demanda investigada en la vía contenciosa incide en que posteriormente la Diputación, en su informe para justificar la destitución, alude como motivos a la necesidad de acometer nuevas tareas de organización y administración electrónica. Unas razones que no son reales, según la denunciante. La demanda considera el cese como nulo por tres motivos: es una decisión exclusiva del alcalde y no del ayuntamiento; la falta del derecho de audiencia de la afectada y desviación de poder.

Este caso muestra, como ha informado este blog, que la designación de secretarios municipales en Euskadi es arbitraria y escasamente imparcial. La gran mayoría no son plazas fijas y los ayuntamientos optan por concursos que requieren un plazo de seis meses, en vez de acudir al propio Gobierno vasco, que resuelve la contratación en una semana.