El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analiza hoy en el Consejo de Ministros el Plan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Europeos, aunque no será aprobado para su envío a Bruselas hasta la semana que viene. El planteamiento del presidente es comparecer en el Congreso este miércoles para explicar antes las líneas principales de este Plan. Se trata de la palanca clave para la recuperación y la transformación económica que aportará a España, con el conjunto de los fondos,140.000 millones de euros en los próximos seis años. Unos recursos con los que afrontar la transformación digital y la transición ecológica. Euskadi, dentro de los cerca de 80.000 millones para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aspira a obtener financiación de más 5.700 millones de euros para 188 inversiones y 16 proyectos estratégicos (PERTE). La tramitación requiere de la aprobación de los proyectos por parte de la Unión Europea, un trámite que puede requerir hasta tres meses, por lo que las convocatorias para las ayudas no podrán empezar a llegar antes del mes de julio.
El Gobierno de España pretende articular el Plan sobre cuatro ejes y con 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102, reformas, con dos objetivos fundamentales: impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible. Para el periodo 2021-2023, el volumen de inversiones será de 70.000 millones de euros, que impactarán ya en la recuperación económica en 2021, según ha indicado Sánchez, que ha subrayado que el efecto de estas inversiones sobre el crecimiento económico se estima en dos puntos a partir de este año, con la creación de 800.000 puestos de trabajo, mientras que su impacto sobre el crecimiento potencial se sitúa por encima del 2% a partir de 2030.
El Gobierno vasco trabaja "intensamente" con el central para impulsar sus 188 proyectos
El compromiso del Gobierno es recoger las aportaciones de las comunidades autónomas para presentar entre los proyectos que deberá tramitar ahora en las instituciones europeas. Portavoces del Gobierno vasco han confirmado a ´Crónica Vasca´ que "siguen trabajando intensamente" con el Ejecutivo central para la concreción de estas medidas. En cualquier caso, una vez presentado el plan en Bruselas, en torno al 30 de abril, la administración comunitaria tendrá hasta tres meses para dar el visto bueno. Solo entonces podrán a realizarse las primeras convocatorias, que no llegarán antes de julio.
El retraso en los Fondos trasladará su impacto hasta finales de año y afectará también al crecimiento económico
Este calendario supone un ligero retraso sobre los planes actuales que se añade al enfriamiento económico de la recuperación con la que ha empezado este 2021 debido a las nuevas olas de contagios. Así, el Gobierno vasco ha tenido que corregir hasta en dos ocasiones la previsión de crecimiento de la economía en Euskadi, rebajando el 8,9% a un 6,8%. Al igual que España que ha tenido que ajustar el dato de incremento del PIB con el que elaboró los PGE. Para muchos analistas este escenario de estancamiento de la recuperación hará que el retraso de los Fondos Europeos pierdan eficacia. Desde el departamento de Estudios Económicos del Banco Sabadell señalan que la clave de la recuperación reside en la vacunación y en la inmunidad. En este sentido confirman también que la llegada de los Fondos será en el segundo semestre y reforzará un crecimiento que "ya en marzo se empieza a anotar, aunque el primer trimestre no haya sido bueno".
El director del departamento de Estudios Económicos de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, incide en que la capacidad de recuperación es importante, "el consumo baja, pero sube el ahorro y la capacidad de inversión". Aún así anota que "al terminar el periodo de recuperación, cuando no haya medidas paliativas como los ERTE o las moratorias, aparecerán los daños de la economía, algunas empresas desaparecerán y eso afectará al empleo". Según detalla Madariaga, será esos sectores a los que haya que dirigir el poder transformador de la financiación europea para minimizar los efectos negativos.
El reto de gestionar los Fondos para no perder la oportunidad
Ante este escenario, según señalan algunos analistas el reto no va a ser tanto la cantidad de los fondos, sino la capacidad de gestionar la importante cantidad de financiación con la que contarán la Administración y las empresas. Y es que España solo acaban rematando entre un 40 y un 60% de proyectos presentados a financiación europea semejante. Un reto que, desde el Banco Sabadell, ven con optimismo "porque se han desarrollado herramientas normativas, como el Real Decreto de Medidas Urgentes que regula el acceso a los Fondos, que dan pautas y que incluso se han desarrollado con normas espejo en algunas comunidades autónomas". Según los economistas de la entidad, está procedimentado por parte del Gobierno el acceso a cada línea, con las exigencias, la justificación del impacto del proyectos, los socios... En este mismo sentido, desde el Sabadell recuerdan que la programación en 2023 y 2026 es también un factor positivo. Ya que se diferencian plazos entre las acciones con ayudas directas y las que cuentan con cantidades condicionadas.
El control del endeudamiento centrará las exigencias europeas
Los Fondos que la Unión Europea ha creado con la emisión de deuda conjunta no son un cheque en blanco. Y es que España deberá asumir compromisos en políticas que eviten un descontrol de la deuda. Así lo señala Madariaga, de Laboral Kutxa, al recordar que "actualmente hemos quitado la limitación de la deuda, no estamos preocupándonos por esto, pero a finales de este año o a principios de 2022, empezaremos a escuchar llamadas de atención porque no se va a poder mantener un déficit del 10% o un endeudamiento del 120%". En el caso del País Vasco, solamente en dos años el endeudamiento crecerá un 44%. En este caso, el principal problema de la economía española es el sistema de pensiones que será donde más se centren las contrapartidas. Y es que la Seguridad Social asume una deuda de 20.000 millones de euros para sostener las prestaciones.
Aún así, Madariaga señala que a diferencia de 2009, cuando se produjo la última crisis de deuda, en esta ocasión "hay elementos positivos". Se trata del bajo interés y de la "evolución de una política monetaria que se mantendrá expansiva", así como unas previsiones de crecimiento para este año, pero también para el siguiente que permiten aventurar "que el PIB crecerá por encima del coste de la deuda, por lo que se podrá ir ajustando".