Ayuntamientos y Fomento paralizan decenas de licencias de puntos de carga rápida de IBIL

Decenas de licencias para la instalación de puntos de carga rápida de IBIL, se encuentran paralizadas en Ayuntamientos y el Ministerio de Fomento a la espera de recibir el visto bueno de la Administración para instalarse en carreteras o estaciones de servicio de toda España. Un 'cuello de botella' que está impidiendo el correcto desarrollo de estas infraestructuras de recarga que son esenciales en el desarrollo del coche eléctrico, según señala Aitor Arzuaga, director general de esta operadora participada a partes iguales por el EVE y Repsol.

El impulso del coche eléctrico es esencial en la apuesta energética del Gobierno de España y, tal como señaló el presidente Pedro Sánchez el pasado martes, el desarrollo de estos vehículos de cero emisiones será uno de los elementos estrella de las ayudas de los Fondos Europeos. Sin embargo, curiosamente, es uno de los ministerios de su Gobierno, el de Fomento, el que está bloqueando las licencias para incrementar de forma significativa los puntos de recarga rápida, algo que esencial para que el uso del coche eléctrico se extienda.

Cada vez que se quiere instalar uno de estos puntos de carga rápida en cualquier lugar de la geografía española es necesario pasar por diversos trámites previos, que se inician con las solicitudes a las compañías eléctricas. Después de ese trámite, relativamente rápido, llega el problema con Ayuntamientos  y Ministerio de Fomento, del que dependen las carreteras que están fuera del País Vasco, donde se topan con una administración excesivamente lenta que no permite avanzar el proyecto. Hasta el momento, los trámites que han desarrollado en Euskadi han sido más ágiles.

En gasolineras y aparcamientos

"Es necesario que se tomen medidas para acelerar los procesos administrativos o que se ponga en marcha por parte del Gobierno una ventanilla única", dice Arzuaga, que considera que de no ser así, "será imposible cumplir con las exigencias que marca la nueva Ley del Cambio Climático y Transición Energética aprobada el pasado jueves en el Congreso, y que, entre otras cuestiones, especifica que alrededor de 1.000 estaciones de servicio -por su volumen de ventas- deberán contar con puntos de recarga rápida en el plazo de 21 meses desde que se publique la Ley.   Además, todos los aparcamientos públicos o de empresa de más de 20 plazas, deberán contar puntos de recarga para 2023. "No habrá margen suficiente si no se acelera el proceso administrativo", recalca Arzuaga.

Los puntos de carga rápida, que son los que  la Ley quiere que se extiendan, son los que cuentan permiten realizar una carga entre 30 y 40 minutos como para recorrer 200 kilómetros. Luego están los de carga ultra rápida, que precisan más potencia y por lo tanto, mayor inversión, y que reducen el tiempo de carga a un máximo de 15 minutos. IBIL inauguró la primera estación de estas características en toda España en Álava y poco después otra en Bizkaia, todas ellas con tecnología vasca.

Precisamente Aitor Arzuaga considera que el impulso a los puntos de recarga puede ser una muy buena oportunidad para la industria vasca. "Estamos en una tormenta perfecta en positivo, tanto con la Ley del Cambio Climático como con las ayudas europeas  para que unos meses este sector esté en ebullición