El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas han aprobado este lunes seguir limitando los precios públicos máximos en la segunda, tercera, cuarta matrícula de grado y resto de másteres que no son necesarios para ejercer una profesión para el curso 2021/2022, con lo que prorrogan las condiciones adoptadas el último año académico a consecuencia de la crisis socioeconómica producida por la covid-19.
Dada la situación social y económica producida por la pandemia, las comunidades y el Ministerio de Universidades han decidido prorrogar "las condiciones aprobadas en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria del 27 de mayo de 2020 de los precios públicos en segunda, tercera, cuarta matrícula y resto de másteres no habilitantes para el curso", explica una nota de prensa de dicho departamento ministerial.
De esta manera, los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas matrículas, quedan fijados en los vigentes en el curso 2020-2021 en cada comunidad para cada tipo de enseñanza universitaria que estas hubieren establecido. Los precios máximos de aquellos másteres no habilitantes serán aquellos vigentes en el curso 2020-2021 en cada comunidad autónoma, añade.
Además, los gobiernos regionales podrán fijar el precio de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los estudiantes nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea como consideren adecuado, teniendo presente que se establece como valor máximo los vigentes para esta tipología de alumnado en el curso 2020-2021.
La "Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021", aprobada el año pasado y prorrogada este lunes, contempla que los gobiernos regionales tendrán hasta el curso 2022-23 para reducir sus precios públicos de primera matrícula de grado hasta el precio establecido por la propuesta de Manuel Castells, con el fin de rebajar el gasto del alumnado y evitar disparidad entre regiones.
Para el ministerio, lo importante es llegar en 2022-2023 a un precio máximo consensuado para cada comunidad que sea el índice de referencia en el futuro. Con ello intenta limitar el nivel de precios por el incremento registrado en algunas comunidades a partir del 2011-12, al tiempo que desea reducir las disparidades en las tasas universitarias.