El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, cree que el sistema de actual de reparto de los fondos de la Ley de Aportaciones ha funcionado hasta ahora, por lo que ha considerado que no es necesario modificar los criterios para que las diputaciones forales aporten menos fondos al Gobierno vasco. En su opinión, "el sistema de aportación y reparto de recursos públicos actual ha funcionado en todos los niveles institucionales, y también ha sido adecuado para el territorio histórico de Bizkaia", por lo que su posición ante la nueva ley que prepara el Gobierno es que "mantenga un sistema de aportación similar" y se "verifique de la manera más objetiva posible" el peso de cada territorio, pero sin restar recursos a las instituciones comunes, es decir al Gobierno vasco. En este momento, el Ejecutivo se reparte un 70% de la recaudación y el resto se distribuye entre las diputaciones.

El diputado general ha respondido en el pleno de las Juntas Generales a una interpelación de la portavoz del PP, Amaya Fernández,  que instaba a Rementeria a buscar un reparto de los fondos diferentes entre las diputaciones y Gobierno para que sea más beneficiosa para Bizkaia.

La juntera del PP ha instado a Rementeria a tener un posicionamiento de cara  a la nueva Ley que beneficie a territorio vizcaíno y que "la singularidad de todos no tenga que recaer siempre sobre el sacrificio de la singularidad de algunos". Fernández ha recordado que "tradicionalmente Bizkaia es el territorio con más peso demográfico, económico y tributario, y eso debe reflejarse en nuestra posición negociadora. Este es el momento para la defensa de las instituciones vizcaínas y de nuestros ciudadanos, en una posición de Bizkaia más acorde a nuestro peso económico, fiscal y demográfico", ha señalado.

El diputado egenral, sin embargo, se ha mostrado partidario de cara a la nueva ley de "defender el principio de sostenibilidad de los servicios públicos del país en todos los niveles institucionales". "De la Diputación foral de Bizkaia en primer lugar, de manera prioritaria, pero también de los ayuntamientos del territorio y del Gobierno". Ha reconocido que  "todos queremos tener más recursos", pero ha selado que "el riesgo compartido del sistema garantiza que, con los niveles de recaudación que existen, todos vamos a ver incrementada o reducida nuestra participación en los recursos en función del peso como territorio". Y ha recordado, en este sentido, que el Gobierno vasco presta servicios públicos "importantísimos" también en Bizkaia. "Todos queremos más pero tenemos un sistema que funciona y estamos dando unos servicios públicos de calidad. ¿Que se podría mejorar?, Seguro. Tenemos que tenemos que ir a esa mejora", ha apuntado.

Un sistema que funciona

De este modo, ha insistido en que "el sistema de aportación y posterior reparto de recursos públicos actual ha funcionado en todos los niveles institucionales, y también ha sido adecuado para el territorio histórico de Bizkaia", por lo que  ante la nueva ley  su posición es que se que "mantenga un sistema de aportación similar donde se verifique de la manera más objetiva posible el peso de cada territorio".

La Ley de Aportaciones, que el Gobierno espera poder reformar esta legislatura, después de que lleve prorrogada desde 2012, especifica el reparto de los fondos entre Diputaciones y Gobierno vasco, por medio de lo que se conoce como el coeficiente horizontal, que especifica que se reparte el 70% de la recaudación para el Gobierno vasco  y el resto para las diputaciones forales, y lo denominado coeficiente vertical, que fija la aportación que deben hacer cada una de las Diputaciones a esta cantidad que recibe el Gobierno, en el que corresponde un 50,39% a Bizkaia, un 33,34% a Gipuzkoa y el 16,27% lo aporta Álava. 

La portavoz popular, Amaya Fernández, ha  centrado sus críticas al reparto actual de este coeficiente, y ha defendido una "rebaja real y efectiva" del mismo para Bizkaia para solucionar  "los problemas de financiación" de los Ayuntamientos y Diputaciones. "No es lo mismo que la Diputación se quede con un 30% a que tenga un 35%" porque la institución y los ayuntamientos vizcaínos "tendrán más financiación".

Rementeria, sin embargo, ha  reiterado que el reparto se realiza en base a criterios objetivos de peso de territorio. En este sentido ha mostrado su disposición a analizar nuevos parámetros que pudieran aparecer para determinar el peso de cada territorio, además del PIB y el esfuerzo fiscal, pero, según ha dicho, "eso no ha pasado en los últimos quince años".

La intención del Ejecutivo vasco es presentar la nueva Ley este mismo año, después que la reforma haya quedado aparcada en otras legislaturas  por la dificultad de poner de acuerdo a los gobiernos de los tres territorios históricos y del Ejecutivo vasco sobre cuáles deben ser los cambios para tener un nuevo modelo de reparto de fondos.