Euskadi esquiva el debate fiscal y aplaza la reforma hasta 2022

La idea del Gobierno vasco y las Diputaciones es clara y, como señalan fuentes del Ejecutivo, "no toca". Estaba previsto para este año empezar el análisis de una reforma fiscal planeada para 2020 y que la pandemia puso en ´stand by´, pero la ralentización de la recuperación económica ha aplazado definitivamente cualquier modificación hasta 2022. Las dificultades económicas se añaden también a que las Diputaciones aprovechan su capacidad normativa fiscal para escapar a las idas y venidas que está generando el Gobierno de España con los posibles cambios en la fiscalidad que debe presentar a Europa. Si bien es verdad que las competencias de las Haciendas forales les permiten establecer su propia regulación tributaria, el contexto de territorio común siempre acaba por marcar el terreno. 

El caso es que, según han señalado fuentes del departamento de Economía y Hacienda, se descarta cualquier posibilidad de concretar este año una nueva fiscalidad para Euskadi y se traslada al año que viene la resolución definitiva de este debate. El Consejero de Economía y Hacienda ha insistido numerosas veces en la necesidad de "no hacer cambios tributarios en estos momentos", si bien ha reconocido que las Diputaciones y el Gobierno estamos haciendo "una reflexión" y que "todavía estamos analizando la recaudación tributaria". Azpiazu ha señalado recientemente la importancia de "en estos momentos" no introducir un criterio más de tensión al tejido económico y a las empresas con reformas tributarias. La recuperación económica está sufriendo un retraso debido a la persistencia de la pandemia y a las restricciones de movilidad que se están imponiendo para evitar los contagios. Así, el Gobierno vasco se ha visto obligado a revisar hasta en dos ocasiones su previsión de crecimiento económico para este año reduciéndolo del 8,9% previsto en los Presupuestos al 6,7% anunciado a finales del mes de marzo pasado. 

Análisis de la reforma fiscal de 2017

De momento Gobierno y Diputaciones siguen analizando las consecuencias de las últimas reformas fiscales tramitadas en Euskadi, en 2013 y 2017. El objetivo es analizar qué repercusión tuvieron sobre la recaudación, especialmente importante es el efecto de la última cuyos efectos han seguido afectando hasta 2020. Entonces se estableció una reducción progresiva del tipo impositivo en Sociedades. Así, de un tipo general del 28% en 2017 se fue reduciendo a un 26% en 2018 y al 24% a partir de 2019. Junto a estas modificaciones se limitaron la deducción de los gastos financieros y la compensación de bases imponibles negativas, así como la obligación de los pagos fraccionados. Muchas de estas medidas han impactado de lleno en la recaudación de 2020, como la llegada al tipo impositivo más bajo, el 24%, o el aplazamiento de los pagos fraccionados que las tres Haciendas forales aprobaron en 2020 para paliar los efectos de la crisis de la pandemia sobre las empresas. 

Las tareas que afrontan Diputaciones y Gobierno siguen centradas en estudiar esos efectos, así como en calcular los de otros posibles cambios en un escenario futuro que requerirá un incremento de la recaudación que permita a las administraciones hacer frente a los gastos generados por la covid-19. Todo siempre desde la premisa de no subir los impuestos "hasta que la economía no vuelva a niveles pre covid", como insistieron diputados generales y consejero de Economía y Hacienda tras el último Consejo Vasco de Finanzas. 

Debate fiscal en España

Con este aplazamiento las Diputaciones escapan también del debate generado por el Gobierno de España con diferentes alternativas que se han conocido estos días para posibles cambios en la fiscalidad. Se trata de medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe presentar a Bruselas para recibir los Fondos de Recuperación de la Unión y que han generado diversas reacciones. Es el caso de una posible armonización fiscal en torno a figuras como el Impuesto de Sociedades o de Patrimonio o la última polémica sobre la declaración conjunta del IRPF. El Gobierno de España ha confirmado definitivamente que no la eliminará. Gipuzkoa, cuando estaba gobernada por EH Bildu, vivió en 2013 una polémica parecida cuando planteó también esta medida que la oposición de PNV, PSE y PP impidió.

Las Diputaciones cuentan con competencias propias para la gestión, regulación y recaudación de los tributos concertados, por lo que no se ven afectadas directamente por este debate que se produce en España, aunque no deja de ser un contexto que condiciona el comportamiento fiscal de los contribuyentes y, de una u otra manera, siempre se le presta atención.