Los ERTE se están convirtiendo en una medida estructural para las empresas vascas en estos tiempos de crisis en pademia. A cierre del mes de abril hay un total de  25.758 trabajadores afectados en Euskadi por un Expediente de Regulación de Empleo y la mayoría de ellos, 16.212 lo están con una suspensión total de su contrato. 

Según los datos proporcionados por la Seguridad Social,  17.611 de estos  25.000  ERTE actuales, que se corresponden con 4.991 expedientes, se arrastran desde el año pasado. Es decir, las empresas entran en regulaciones de empleo que pierden el carácter temporal para convertirse en una medida que se arrastra durante toda la crisis económica que empezó en el confinamiento. Es cierto que el número de trabajadores en ERTE se ha reducido de forma significativa si se compara con los peores momentos del confinamiento, cuando superaron los 120.000.  También son menos que los registrados a finales del año pasado, 41.000 trabajadores, casi el doble que en estos momentos, pero siguen afectado con fuerza a sectores más allá de la hostelería o el turismo y tienen un impacto importante en la industria siderurgia y aeronáutica.

Negociación

Los 25.758 trabajadores que se acumulan en regulación al cierre del mes de abril, que se corresponden con 7.923 expedientes, esperan ahora la decisión definitiva sobre si se alargarán los ERTE hasta el 31 de septiembre con las medidas actuales, tal y como ha propuesto la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a los sindicatos y empresarios en la reunión de la Mesa de Diálogo Social  celebrada en Madrid ayer miércoles. Tenían como fecha de caducidad a finales del mes de mayo, pero la ampliación de los plazos, que volverá a tratarse en este foro la próxima semana,  saldrá adelante sin problemas, ya que todas las partes quieren que se alarguen en el tiempo.

Pese a ese consenso en lo básico, persiste la discrepancia por parte de  los empresarios sobre la prohibición de que no se realicen despidos si previamente se han acogido a un ERTE. Una reivindicación de la patronal desde el primer momento. El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha señalado en reiteradas ocasiones que esto es una gran dificultad para las empresas, porque en estos momentos es imposible, con la gran incertidumbre que existe, saber cuál va ser la situación a medio plazo y si la plantilla actual de una empresa será la que precisen en un futuro. Esto, recuerdan, está llevando a algunas empresas a no acogerse al ERTE como medida previa al ERE. 

La regulación de los ERTE intenta con esta prohibición salvaguardar el empleo y evitar despidos en tiempos de Covid. Precisamente en Euskadi, los tribunales no acaban de fijar doctrina sobre su legalidad en medio de la pandemia con fallos diferentes según la empresa, declarando nulos los despidos, en unos casos, como el último sobre el ERE de PCB, filial de IPT, o dando la plena razón a la empresa, como en el caso de la sentencia del ERE de Aernnova..

 

Financiación

Las mayores fricciones entre los agentes sociales y el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a cómo deben ser los ERTE del futuro, se van a centrar probablemente  en la financiación futura de estas medidas que parece que han venido para quedarse. La ministra Nadia Calviño, avanzaba el pasado jueves que la regulación de los ERTE estará incluida en los cambios de la reforma laboral que el Gobierno  enviará a Bruselas, pero advertía de que, para garantizar su viabilidad, tendrían que ser tanto los empresarios como los empleados los que aporten parte de la financiación necesaria vía incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Una medida, de momento, sólo esbozada, pero que, en principio, contará con el rechazo frontal de las patronales, que siempre se han mostrado en contra de que se aumenten sus cotizaciones. 

No obstante, fuentes de los empresarios  aseguran que "hay que esperar" a conocer cuál será la  propuesta definitiva por parte del Gobierno para entrar a valorarla en profundidad. De hecho, todo lo relacionado con los cambios que puedan introducirse en la Reforma Laboral tendrán en, principio largo recorrido antes de aprobarse, ya que el Ejecutivo deberá tejer un complejo entramado de apoyos en el Congreso para sacarla adelante.