El Gobierno vasco estudia diferentes posibilidades jurídicas para que la paralización de los sondeos de gas en Álava tenga el menor impacto posible en las arcas públicas. Entre ellas podría plantearse una reclamación al Ejecutivo central, ya que las inversiones para poner en marcha el inicio de los sondeos para la extracción de gas se llevaron a cabo con la pertinente autorización medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, y es la Ley contra el Cambio Climático aprobada por este mismo Gobierno la que ha forzado finalmente la decisión del Ejecutivo vasco de paralizar los trabajos. La nueva normativa prohíbe expresamente  la extracción de gas del subsuelo, lo que ha hecho innecesarios los sondeos.

Los servicios jurídicos del Ente Vasco de la Energía (EVE) analizan desde el pasado 10 de abril, cuando el Gobierno vasco tomó la decisión de abandonar su pretensión de buscar gas en Vitoria, las fórmulas jurídicas de llevar a cabo dicha paralización con el menor coste posible.

Hay que tener en cuenta que la sociedad Shesa, a través de la que se estaban desarrollando los trabajos para la extracción de gas, tiene una participación mayoritaria del  EVE del 44%, pero comparte accionariado con dos empresas americanas, Petrichor -filial de Heyco- con un 36% y con Cambria, con un 20%, en el proyecto del gas y, existe la posibilidad de que estas empresas pueden reclamar sus derechos por unas inversiones de las que no han obtenido finalmente ninguna rentabilidad.

Precisamente el temor a posibles recursos de los socios americanos explica en parte el hecho de que el Gobierno vasco mantenga activo el recurso que presentó en su día contra la decisión del Ayuntamiento de Vitoria de prohibir los sondeos de gas, pese a que ya está claro que no habrá sondeos. Se trata en definitiva, de que no se pueda acusar al Gobierno vasco de haber agotado todas las vías posibles para que la sociedad llevara a cabo su cometido -el sondeo de bolsas de gas- y que la paralización se debe a cuestiones ajenas a la voluntad del Ejecutivo. Del igual manera, los servicios jurídicos del EVE llevan un mes ya estudiando las posibles alternativas para la disolución de Shesa o en su caso la reconversión de la sociedad, sin que dicha decisión "suponga una pérdida de los derechos patrimoniales" que le corresponden,  o lo que es lo mismo, con la menor pérdida posible para la sociedad pública. 

Así las cosas, la frase "salvaguardar los derechos patrimoniales"  del EVE, y en definitiva del Gobierno vasco, se ha convertido en una especie de 'mantra' que repite la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, desde que se desató la polémica sobre el gas y la paralización de los sondeos por la Ley de contra el Cambio Climático que, por cierto, salió adelante en el Congreso con el apoyo del PNV.

Estos derechos patrimoniales no son otra cosa que los derechos económicos de los socios sobre la sociedad y que incluyen, por ejemplo, el derecho a participar en los beneficios, pero también el derecho de los socios al reembolso de las aportaciones debido a una reducción del capital social o por abandono de la sociedad.

Así las cosas, el Ejecutivo intenta salir lo más indemne posible ante la posibilidad de que se produzca una reclamación por parte de sus socios por la disolución de la sociedad. 

El Gobierno pretende, además, que esta cuestión le pase la menor factura posible desde el punto de vista político. Las inversiones en los sondeos de gas han supuesto fuertes inversiones muy criticadas por la oposición,  que han afeado el empeño del departamento de Desarrollo Económico de seguir adelante con el proyecto pese a que era de prever que una nueva Ley contra el Cambio Climático impidera poner en marcha pozos de extracciones de gas en un contexto de caminar hacia fuentes de energía limpias. Unas inversiones que finalmente no han tenido ninguna utilidad, pese a que el departamento de dirige Arantxa Tapia ha defendido en numerosas ocasiones que el gas es una fuente de energía óptima para esta etapa de transición que se abre hasta 2050, año en el que la totalidad de la electricidad en España deberá ser generada con fuentes renovables, como la energía solar o la eólica.