La nueva RGI facilita el acceso de más colectivos y será indefinida, pero aumentará la inspección

La nueva ley de Renta de Garantía de Ingresos facilitará el acceso de más colectivos a la prestación, y será indefinida, pero endurecerá las medidas de control e inspección para evitar el fraude. El borrador de la Ley, que será remitido al Parlamento en el último cuatrimestre de este año tendrá que integrar el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno central y cuya transferencia de la gestión a Euskadi está todavía pendiente, y se apoyará sobre todo en la reforma de Lanbide, ya que este organismo será el encargado de la gestión de las ayudas, de la inspección y, sobre todo, de  facilitar la integración de laboral y social de los perceptores mediante itinerarios personalizados y ofertas de trabajo adaptadas a cada perfil que no podrán rechazarse si se quiere mantener la ayuda.

En principio la Ley pretende que sea el Parlamento Vasco el que fije de forma anual la cuantía de la prestación vía presupuestaria  pero, de entrada, en la norma que irá a la Cámara para su tramitación se mejoran por ejemplo las prestaciones para los pensionistas respecto a lo que recibían hasta ahora. En concreto, un pensionista que viva sólo cobrará 893 euros, frente a los 810 actuales. Una cantidad que se incrementará en función de si tiene personas a su cargo.

La norma reduce los requisitos de acceso para determinados colectivos, como unidades familiares con menores a su cargo, víctimas de violencia machista, terrorismo o trata de personas,  pasando de tres a dos años el tiempo exigido de empadronamiento. En el caso de  los  refugiados podrán acceder a la prestación en el momento de empadronarse. Además se permite que se perciban varias prestaciones en una misma unidad familiar, aunque se introducirá un  baremo para reducirlas en ese caso, de forma que en lugar de cobrar el 100% de las mismas se cobre el 85% en el caso de que se sumen dos prestaciones. 

La vicelehendakari y consejera de Empleo, Idoia Mendia, ha resaltado que el objetivo de la Ley es "profundizar en el sistema de cohesión social de Euskadi para  que nadie se quede atrás" y para eso la idea es reducir la burocracia y requisitos previos para poder optar a la prestación y que las ayudas lleguen a tiempo en una época de alta necesidad. En este sentido, el borrador de la Ley incorpora, por ejemplo, la figura de la "declaración responsable", con la que ya se puede acceder a la prestación al mes siguiente. A la vez, prevé la creación de "una unidad de inspección", todavía por determinar de qué forma, aunque será con personal de Lanbide especializado para ello, que tendrá capacidad para acceder a la documentación necesaria para realizar las comprobaciones necesarias y evitar el fraude, que, de constatarse, llevarán a la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder a ella, al menos, de los próximos dos años.

También será objeto de pérdida del derecho rechazar un puesto de trabajo que el servicio de orientación de Lanbide haya considerado adaptado para el perfil del perceptor. 

Las prestaciones que complementan trabajos en reducción de jornada tendrán carácter indefinido, como la RGI en general, -hasta ahora la duración de la prestación es de dos años y a partir de ahí hay que volver a solicitarla- pero, en cualquier caso, todas las prestaciones tendrá un revisión trimestral para evaluar que no haya cambios significativos en las unidades familiares o en los ingresos y se establecerán sanciones de menor a mayor en función de nivel de fraude hasta llegar a la extinción de la prestación. 

La nueva normativa no se espera que entre en vigor hasta otoño de 2022, después de superar el trámite parlamentario, que no tendrá esta vez problemas por la mayoría parlamentaria que tienen PNV y PSE y ya no incluirá la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), modificada por la nueva regulación de la Ley de Vivienda.

Aunque está por determinar la cuantía que supondrá para Euskadi asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y cómo se hará, el traspaso al Gobierno vasco supondrá un cierto alivio presupuestario, ya que la idea es integrar ambas prestaciones. 

Este IMV tiene una cuantía de 470 euros que constituye la base de las cuantía que se fija para las ayudas de RGI. A partir de esa base, un adulto cobra un 50% hasta 705 euros y un 30% más por cada miembro de la unidad a su cargo. La prestación se incrementa para pensionistas, familias monoparentales y con menores.