El Gobierno vasco canalizará a través de una 'ventanilla única' los 217 millones de ayudas directas a pymes y autónomos aprobadas por el Ejecutivo central. Una vez firmado el convenio entre ambas administraciones, que deja en las manos vascas la gestión de estas ayudas, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, llevará al Consejo de Gobierno la convocatoria a lo largo de este mes para que puedan empezar a realizarse las solicitudes por parte de empresarios.

Será este departamento de Economía el que canalizará las ayudas a través de una 'ventanilla única', aunque se precisará de un intercambio de información tributaria por parte de las Diputaciones forales que requerirá de una labor de coordinación entre todas las administraciones.

Fuentes del departamento de Hacienda han señalado que "desde hace meses", se está "dando forma al sistema de intercambio de información" para que todo funcione desde el punto de vista tecnológico. Unas cuestiones que suelen estar en manos de los expertos de Ejie, la Sociedad Informática del Gobierno vasco.

Aunque desde el Gobierno vasco descartan que esta necesidad de intercambio de información pueda retrasar la concesión final de las ayudas y aseguran que "la coordinación institucional no será ningún problema", existe cierta inquietud entre el empresariado porque se añadan más retrasos a unas ayudas que forman parte de los 11.000 millones anunciados por el presidente Pedro Sánchez el 24 de febrero y el Consejo de Ministros lo aprobó el 12 de marzo, hace ya más de tres meses.

En este sentido, fuentes de la patronal alavesa han señalado su "inquietud" por el hecho de que después de meses de su anuncio "aún las seguimos esperando. Muchas empresas dependen de ese dinero para seguir subsistiendo y para otras ese apoyo llegará tarde porque se han visto obligadas a cerrar la persiana".

Consideran que el acuerdo entre Euskadi y Madrid "sirve para saber que el dinero ya está aquí" pero "ahora falta conocer con qué urgencia se tramitarán las ayudas", y recuerdan en este sentido que esa agilidad dependerá en buena parte de la participación de las Diputaciones que son las que tendrán que confirmar si "los solicitantes cumplen los requisitos o no". Lamentan por ello que estas ayudas "tenían carácter urgente", pero "visto el tiempo que está transcurriendo de que fueron anunciadas, ya no lo van a ser".

Un nuevo examen para el sistema informático

Las tres diputaciones forales han rechazado que este intercambio de información pueda suponer ningún tipo de atasco y lo equiparan otros intercambios habituales de información entre las administraciones.  "Nuestra parte no supone mayor problema, ya que tenemos un papel es bastante mecánico en esto, porque la  'ventanilla' estará en el Gobierno vasco y no en las Haciendas y la parte más complicada de gestión de solicitudes  les tocará a ellos", señalan fuentes de la Hacienda de Gipuzkoa. De igual forma, Álava da por sentado que no tiene por qué producirse ningún tipo de "atasco' en el intercambio de información, que ya se hace con otro tipo de ayudas sin que existan dificultades, mientras que desde Bizkaia afirman  que "la información tributaria requerida para la tramitación de estas ayudas serán objeto de un intercambio automático de información, y por lo tanto inmediato".

Pese a la tranquilidad de las Haciendas, lo cierto es que la avalancha de solicitudes que se esperan por parte de las empresas supondrá un nuevo examen para los sistemas informáticos de las diputaciones  apenas unas semanas después de la polémica por los errores de la última campaña de la Renta en Bizkaia, la primera  que se llevaba a cabo de forma exclusivamente digital. Pese a ello, desde las Diputaciones han rechazado que sea necesario destinar equipos específicos para esta cuestión para agilizar el proceso. 

El Gobierno  vasco sí ha contratado 43 funcionarios interinos, de perfil técnico, seleccionadas a través de las bolsas de trabajo para gestionar después estas ayudas, con el objetivo de que estén resueltas antes de final de año. Este equipo de trabajo estará activo inicialmente un año, prorrogable hasta un máximo de otro año, hasta que concluya el pago, justificación y verificación del destino dado a las ayudas y del cumplimiento de las condiciones a cumplir por los beneficiarios.

 

Los requisitos para acceder a estas ayudas incluyen al menos a  un centenar de sectores en su mayoría pymes fijados por el Gobierno central, aunque el Ejecutivo vasco quiere añadir más sectores.  Podrán solicitarlas aquellas empresas que  hayan perdido un 30% de sus ingresos en 2020, sobre una base imponible positiva en 2019,  y que estén al día de sus obligaciones con el fisco, además de no repartir dividendo ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años. También tendrán que mantener su actividad hasta junio de 2022.

Las ayudas tendrán un carácter finalista, se emplearán para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.