Si de algo ha servido que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) haya expedientado a una serie de consultoras por pactar el reparto de los contratos que tenían con la Administración vasca, -entre otras administraciones- es que ha hecho conscientes a los ciudadanos de la cantidad de planes, decretos, o incluso leyes que se elaboran después de tener los informes correspondientes encargados, bajo pago, a consultoras privadas, con personal al margen del funcionariado.

El 'cártel de las consultoras' ha puesto de manifiesto la punta del iceberg de las cuestiones que se externalizan. La punta, porque estos son los contratos expedientados, los considerados que han seguido un reparto cuando menos irregular: tres ofertas, dos de ellas ficticias, para hacer bulto en una licitación, con condiciones pactadas para que el contrato se lo lleve una consultora concreta, en una forma de actuación que se repite en cada uno de los contratos repartidos entre varias consultoras. Pero hay muchos más detrás de esos que se han conocido por haberse saltado las normas.

De hecho, que los planes se presenten después de que pasen por una consultora, aun siguiendo los cauces legales establecidos para ello, parece una norma habitual y, según defienden los partidos de la oposición, en clara evolución ascendente. 

Ayer mismo, la consejera Arantxa Tapia presentaba en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento el Plan de Emprendimiento, que desde Elkarrekin Podemos y EH Bildu le criticaban que se hubiera desarrollado con la consultora BMASI de Sabin Azua, la misma a la que se encargó un estudio sobrre los "objetivos y líneas de acción" que debía adoptar la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) creado en 2012, y cuya decisión tomó la presidenta Alba Urresola recién nombrada.  "¿No tiene recursos para afrontar la política económica?" le preguntaba ayer a Tapia el parlamentario de Bildu Iker Casanova.

No es el único plan del Gobierno que se adjudica a alguna de las consultoras expedientadas por la CNMC. De hecho, La Estrategia de Transformación Digital, que también presentó Tapia la pasada semana, se adjudicó a Idom por un valor de 210.000 euros. Otra de las consultoras del listado de Competencia. Un hecho que también fue duramente criticado la oposición durante su presentación en el Parlamento.

El Gobierno vasco, que contrató un total de 1,20 millones a través de contratos que están expedientados, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que seguirá contratando con estas consultoras en tanto que no haya una resolución firme contra ellas, ya que de momento existe posibilidad de recurso por parte de las consultoras. Una premisa que está siguiendo el Ejecutivo vasco, pero que también llevan a rajatabla otras administraciones como el Ayuntamiento de Bilbao, uno de los que más ha contratado con estas empresas, o la Diputación de Bizkaia.

Lo cierto es que el caso del cártel de las consultoras ha llevado a los partidos de la oposición, EH BIldu, Elkarrekin Podemos y PP-Cs a plantear una batería de peticiones de información sobre las diferentes contrataciones que lleva a cabo la Administración con estas consultoras, que pone de manifiesto que cada vez se externalizan en mayor medida estas cuestiones, pese a que el personal funcionario, interino y laboral en el País Vasco ascendía en 2020 a cerca de 140.000 personas, un 7% más que cinco años atrás.

Por ejemplo, en respuestas a algunas de estas  preguntas planteadas por el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, o de la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, se desprende que se ha subcontratado, por ejemplo, la realización de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo de Osalan hasta 2026 con Red2Red Consultores, o el anteproyecto de Ley de la RGI , aunque el Departamento puntualiza que se ha elaborado con  "recursos propios del Departamento" también reconoce haber recurrido  al  "asesoramiento  externo en dos cuestiones especializadas". En concreto, "el Servicio documental y comparado en materia de Renta de Garantía de  Ingresos”, que se ha adjudicado a  SIIS. 

Otros de los planes contratados externalizados ha sido el plan de Seguridad del Departamento de Josu Erkoreka se ha adjudicado a la empresa LKS por 200.000 euros. El anteproyecto de ley de actividad física y deporte y anteproyecto de ley de gestión documental integral y de archivos de Euskadi, también fueron encargados por del departamento de Bingen Zupiria a consultoras externas.