La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado por seguro que el esquema de ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se tendrá que volver a negociar para una quinta prórroga antes de que el 30 de septiembre decaiga el acuerdo actualmente vigente.

"Creo que no tiene sentido dejarlo caer, ojalá pudiera decir que no es necesario", ha dicho en declaraciones a RNE la vicepresidenta, que ha preferido dar un mensaje de confianza a empresarios y trabajadores asegurando que la protección de los ERTE se va a mantener mientras sea necesaria.

"Por desgracia estamos viendo lo que está pasando con el turismo a nivel internacional y hay comunidades autónomas que están afectadas directamente por el turismo. De hecho la comisión tripartita (de seguimiento del acuerdo de los ERTE) analiza los datos semanalmente y lógicamente antes de que finalice septiembre nos volveremos a reunir", ha explicado.

Preguntada por si la quinta prórroga será la última, ha recordado que en la mesa de modernización del mercado laboral se están negociando reformas estructurales, entre las que se encuentra el futuro mecanismo permanente de los ERTE, con la previsión de que estas reformas "estén publicadas en el BOE" antes del 31 de diciembre.

La misma "valentía" con el SMI que con los indultos

Yolanda Díaz, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros del Ejecutivo que tengan con el salario mínimo interprofesional (SMI) "la misma valentía" que con los indultos a los presos independentistas y se suba este mismo año esta renta mínima. "Mi posición es conocida. Un Gobierno progresista debe mirar por los más débiles", ha afirmado la ministra, que ha añadido que no es tan importante cuánto se suba el SMI este año, como que se suba, pues sus perceptores, que están fuera de convenio colectivo, están perdiendo poder adquisitivo con un IPC del 2,7% y con unos precios de la gasolina y de la luz "que no paran de subir".

Díaz, en declaraciones a RNE, no ha querido desvelar el contenido de la reunión que ha mantenido con Sánchez para hablar del SMI, pero ha dejado claro que vincular la pérdida de puestos de trabajo con el alza del salario mínimo "es un enorme error" y "pura ideología". "Los datos han demostrado lo contrario (...) La misma valentía que tuvimos en el Gobierno con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. En 2023 no se nos vamos a juzgar por los indultos. Se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde hay que estar", ha subrayado.

La vicepresidenta ha recordado que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5% y un 1,8% y que "le duele" que los perceptores del SMI estén perdiendo poder de compra porque "son los que más necesitan" que se les ayude. "Lo hemos subido a los pensionistas, lo hemos subido a los empleados públicos (...) No podemos competir con una política salarial impropia de una economía relevante. Seamos coherentes, prácticamente todos los países de la UE han subido los salarios en esta crisis", ha insistido la vicepresidenta.

La ministra, que ha dicho que convocará a los agentes sociales para hablar de este tema, ha añadido además que este asunto del SMI es además "un factor de crispación social" por "injusto", pues no se trata de trabajadores con convenios colectivos buenos, sino de trabajadores que constituyen "el eslabón más débil" de la cadena.