El Consejo Vasco de Finanzas ha aprobado en una reunión extraordinaria celebrada esta tarde el proyecto de la nueva Ley de Aportaciones. El preacuerdo anunciado la semana pasada tras diez años de prórroga de la norma, mantiene la fuerte capacidad de gasto del Gobierno vasco y ha centrado en las diputaciones la negociación de posiciones para forjar el consenso sobre la nueva norma. Así, Álava y Gipuzkoa han logrado blindar por ley el refuerzo del Fondo de Ajuste que cubre a las haciendas que peor comportamiento han presentado. Se trata de un aportación que habitualmente han venido realizando  el Gobierno Vasco y Bizkaia y que recibían Álava y Gipuzkoa. Por su parte, Bizkaia ha logrado que algunos tributos directos que hasta ahora se repartían entre los territorios, ahora se queden en la Hacienda que los recauda. Uno de los más importantes es el que grava la producción energética y que tiene especial protagonismo en Bizkaia. A partir de ahora esos fondos se quedarán en el palacio foral de la Gran Vía de Bilbao, sin repartirse entre las demás diputaciones. Otra de las novedades de la Ley es el blindaje del porcentaje mínimo de participación de los ayuntamientos, que queda en el 39,23%. Con estos mimbres, ha quedado formado el cesto para una norma clave en el entramado institucional vasco que llevaba desde 2012 pendiente de renovación. 

En un espíritu de exaltación del consenso, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, los diputados general de Bizkaia, Unai Rementería,  de Gipuzkoa, Markel Olano, y de Álava, Ramiro González, junto al presidente de EUDEL, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, han destacado la importancia del acuerdo histórico que, según ha explicado Azpiazu, "es clave para la estabilidad institucional en un momento muy importante". Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco el objetivo era tener esta herramienta para poder enfocar la preparación de las cuentas del 2022 con un "escenario de claridad". 

La norma establece qué porcentaje del total de la recaudación debe destinarse al Gobierno vasco. Es lo que se conoce como coeficiente vertical. Hasta ahora la norma fijaba que el 70,04% de los recursos debían entregarse al Ejecutivo autonómico y ahora asciende a un 70,81%, entre otras cosas, para hacer frente a las nuevas competencias que está recibiendo del Gobierno central, como la de prisiones. La otra herramienta fundamental de la Ley de Aportaciones es el coeficiente horizontal, que establece qué porcentaje debe poner cada Territorio del montante total que recibe el Gobierno vasco. El preacuerdo mantiene este mecanismo sin cambios con los porcentajes fijados en el 16 % en el caso de Álava, en el 33,06 % en Gipuzkoa y en el 50,94 % en Bizkaia.

El Fondo de Ajuste, es otra de las novedades, ya que la nueva ley blinda su incremento hasta alcanzar el 1,45% del total de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas. Con esta cantidad se trata de asegurar que el peso relativo de cada diputación alcance el 99% de su coeficiente horizontal. Una medida de seguridad que busca evitar que una Diputación que haya pasado por un mal ejercicio económico tenga afrontar el esfuerzo de la aportación al Gobierno vasco sin ayuda, penalizando aún más su situación. Históricamente Álava y Gipuzkoa han sido las beneficiadas de este fondo y tanto el Diputado general de Álava, como el de Gipuzkoa, Ramiro González y Markel Olano han destacado la importancia de que sea la ley que respalde la cuantía de este fondo.