La ministra para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acaba de anunciar una nueva subasta de energías renovables para adjudicar hasta 3.300 MW. Esta convocatoria, cuyos detalles se someterán a exposición pública el martes, 17 de agosto, contemplará por primera vez 600 MW para un 'cupo ultrarrápido' que permita atribuir potencia en un régimen que favorezca la integración en el sistema de generación eléctrica. Es un modo de priorizar el consumo de esta energía en primera instancia y reduciendo el uso de otras alternativas que encarecen el precio, como el gas. Según ha explicado la ministra se trata de una medida que es "fruto del aprendizaje de estos meses", en referencia a los incrementos que está experimentando el coste de la luz. 

La convocatoria establecerá también cupos para la energía eólica y otro para la fotovoltaica, del mismo modo a como ya se realizó en la primera subasta de renovables que se adjudicó el pasado mes de enero. Entonces, el Gobierno de España adjudicó un total de 3.000 MW en instalaciones a diferentes empresas que hicieron una oferta con una horquilla de precios de entre 18 y 29 euros/MW. En total, el Gobierno tiene planteado realizar por este sistema adjudicaciones con una potencia de 20GW hasta 2025. En este año la potencia adjudicada, contando esta nueva convocatoria es de 6,3 GW. Según ha explicado la ministra Ribera, "el objetivo es seguir subastando energías renovables, seguir facilitando la transformación del sistema eléctrico de manera ordenada". 

Las subastas de renovables es una de las herramientas con las que el Gobierno quiere impulsar esta modalidad de energía reforzando su peso en el mix de generación y apoyando su estrategia en la reordenación de la factura de la luz. Esa política ha desvelado el rediseño del Ejecutivo central de las tasas e impuestos sobre la luz. El Gobierno recauda del orden de 8.000 millones de euros al año con estas tasas para financiar la subvenciones para la generación de renovables y para pagar a las eléctricas por las inversiones que han realizado en centrales energéticas que no emiten CO2, y que principalmente son las centrales nucleares y las hidráulicas. El Gobierno quiere reducir esos 8.000 millones de la factura del consumidor y repercutirlo por dos vías: El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que obligará a las petroleras a abonar por sus emisiones 5.000 millones para las renovables y, por otra parte, con la eliminación del pago anual de unos 1.500 millones conocido como 'beneficios caídos del cielo' que la Administración venía haciendo a las propietarias de centrales nucleares e hidráulicas. 

Capital Energy, ganadora de la anterior subasta

En la anterior convocatoria, Capital Energy fue la compañía que más derechos adquirió con 620 MW eólicos. La compañía fundada por Jesús Martín Buezas dió así un impulso más a su apuesta por ser un jugador importante en el negocio de las renovables, con una cartera de proyectos en España y Portugal con 30 GW de potencia que ha generado unas compras en empresas vascas por más de 50 millones de euros. 

En el caso de la energía  fotovoltaica, la triunfadora fue X-Elio. El grupo de renovables dirigido por Lluis Noguera se adjudicó 300 MW.

Por su parte, EDPR y Naturgy fueron las otras firmas con más protagonismo. La filial 'verde' de EDP se hizo con algo más de 150 MW, aunque la mayor parte de ellos en solar. Mientras, la energética presidida por Francisco Reynés, que también fue adjudicataria en la subasta de 2017, ganó derechos sobre 200 MW en fototovoltaica y otros 40 MW en eólica.

Endesa, Iberdrola y Acciona, grandes actores del sector, en cambio, tuvieron un papel más discreto en la subasta de enero ya que presentaron ofertas más conservadoras.