El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones, sin concretar el nuevo mecanismo de sostenibilidad

El primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones ha aprobado el proyecto de ley con las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones. Un primer paquete de medidas que ha recibido luz verde y que llegará a las Cortes en las próximas semanas para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que entre en vigor antes de que termine el año. Entre la batería de medidas, se encuentra la revalorización de las pensiones según el IPC, una de las mayores reivindicaciones; un aumento de las bonificaciones al retraso de la jubilación del 4% y una subida de las penalizaciones para quienes la adelanten de entre un 2,81% y un 21%. Además, deroga el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de Rajoy en 2013, pero aún no define en qué consistirá el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para los pensiones futuras.

La reforma entrará en vigor en 2022, tras su tramitación este otoño, y podrá revisarse de nuevo en 2027. En cualquier caso, se espera que tenga un coste de aproximadamente el 2,5% del PIB a lo largo de los próximos 30 años.

Esta normativa dará "tranquilidad de los pensionistas de hoy y mañana", ya que volverá a vincular la revalorización de las pensiones con la inflación, derogando así la anterior reforma de 2013 y poniendo fin a "una década de incertidumbre". La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con este proyecto de ley se da cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Esta normativa revalorizará las pensiones conforme a la inflación media del año anterior y, en caso de IPC negativo, mantendrá las cuantías, de forma que "a partir de hoy ningún pensionista tendrá que preocuparse por su pensión", ha dicho la portavoz del Gobierno.

Ha apuntado además que esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013, con lo que da además un margen para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Sin embargo, sobre esta nueva medida, solo se conoce por ahora el nombre, ya que el Ejecutivo y los agentes sociales se han dado tiempo hasta el próximo 15 de noviembre para negociar la nueva herramienta.

Esta primera parte de la reforma establece también incentivos para demorar la edad de jubilación, modifica los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada y limita el acceso a la jubilación forzosa en los convenios colectivos. Retrasar un año la jubilación supondrá recibir un 4% adicional en la pensión, mientras que adelantarla tendrá una penalización mensual y afectará más a quienes se jubilen dos años antes de tiempo. Los ajustes en prejubilaciones podrían llegar a suponer recortes de hasta el 21% en la pensión.