Azpiazu anuncia que hay que poner fin al endeudamiento público en Euskadi

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha defendido en el Parlamento la necesidad ir abandonando la política de endeudamiento en la confección de los Presupuestos. El responsable de las finanzas del Ejecutivo ha avanzado que en unas semanas presentará las Cuentas para el 2022 en Euskadi y ha advertido que será el último año en que se recurrirá a deuda porque "nos va a venir la situación y hay que adaptarse a la normalidad". Y es que, según el Banco de España, la deuda en Euskadi en el último año se ha incrementado en 1.900 millones de euros, la segunda autonomía que más ha aumentado su endeudamiento, si bien es cierto que ha aprovechado que es una de las más saneadas para recurrir a esta vía de financiación. 

Con motivo de la crisis de la pandemia, las instituciones europeas habían levantado sus exigencias de estabilidad presupuestaria y el Gobierno Vasco pudo recurrir a una deuda del 2,2% del PIB en 2020 y del 2,6% en este año que será un 0,9% para el 2022. Una fórmula que Azpiazu ha considerado necesaria en un momento puntual gracias, además, a que el "endeudamiento se financia barato por los bajos tipos de interés y es un momento adecuado para hacer inversión social". 

Azpiazu ha explicado en el Parlamento vasco los acuerdos alcanzados con el Gobierno de España en la Comisión Mixta de Concierto y que entre otras cosas, el establecimiento de las 'tasas de referencia' para que el Ejecutivo vasco pudiera endeudarse un 0,9% del PIB en 2022, por un 0,2% las diputaciones. Lo que supone unos 804 millones de euros. Además ha destacado la importancia de la transferencia de los impuestos sobre las inversiones en compañías con más de 1.000 millones de euros de capitalización, lo que se conoce como la 'tasa tobin' o el que grava las transacciones de comercio online. Uno acuerdos que, según ha destacado, sirven para reforzar "el desarrollo del Concierto, del autogobierno fiscal y su naturaleza bilateral". 

Otro de los acuerdos que se alcanzó es el de la renovación de la Junta arbitral del Concierto, un órgano diseñado para dilucidar las posibles diferencias de criterio en aspectos como la liquidación del Cupo o gestión de tributos compartidos. Será presidido por Violeta Ruiz Almendral.