El anteproyecto de Ley de Vivienda ha recibido un primer varapalo del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acordó ayer rechazarlo, lo que supondrá un nuevo retraso en la aprobación de una ley, que contiene, entre otras medidas, una importante regulación de los precios de los alquileres. 

En principio el CGPJ acordó por quince votos a seis rechazar la propuesta de informe de el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.

El órgano, que se encuentra en funciones,  ha aprobado la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas -vocal propuesto por el PNV- en la que  duda  sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.  El CGPJ ha designado  nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press señalan que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen un evidente "sesgo ideológico" y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.

Si finalmente la Ley no consigue el aval de los jueces, puede suponer un impulso para que se desarrolle la normativa vasca en esta materia, como única fórmula de regular el precio de los alquileres, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión marcada como uno de los objetivos básicos del departamento vasco de Vivienda.

Seguridad jurídica

Aunque Euskadi tiene ya una Ley de Vivienda pionera, que recoge por ejemplo el derecho subjetivo a la misma, la aprobación de la normativa estatal puede otorgar seguridad jurídida a la hora de poner en marcha regulaciones específicas, por ejemplo en lo relativo al control sobre el precio de los alquileres. De hecho, el consejero Iñaki Arriola, señaló a final de año que en Euskadi se seguiría la normativa del Gobierno central para establecer  límites a los precios de alquiler para los grandes tenedores. 

Si la norma estatal no sale adelante, se pierde la seguridad jurídica que puede otorgar el paraguas de la norma estatal y pero puede implicarla necesidad de impulsar otras medidas propuestas por el consejero de Vivienda Iñaki Arriola para controlar los alquileres, sobre lo que existe una fuerte presión social ante los elevados precios actuales.

Por ejemplo, Arriola quiere que las Haciendas forales cambien la política fiscal aplicada a la vivienda en Euskadi y favorezcan fiscalmente el alquiler, tanto a propietarios como a inquilinos. El consejero quiere que la propuesta se analice en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Una decisión que, en cualquier caso compete a las Haciendas forales, que hasta ahora no han recogido el guante lanzado por el consejero.

De hecho, las Haciendas están siendo muy reacias a analizar cualquier cambio en las normativas sobre impuestos, pese a que desde diversos ámbitos se les reclama una reforma fiscal en profundidad.