Las haciendas forales enfrían la llegada de la reforma fiscal

Tras una reunión más del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, el debate sobre la reforma fiscal sigue sin plazos. Pese a que este lunes tanto 'Crónica Vasca' como otros medios intentaron obtener de los tres diputados generales una fecha para la implantación de un nuevo marco tributario, los representantes institucionales siguen sin hablar claro de cuándo se puede reformar la fiscalidad. "Estamos analizándolo" fue lo más que llegaron a responder tanto el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, como el diputado alavés, Ramiro González. El 'sailburu' solo dejó caer que 2022 será "un año de reflexión" mientras que Unai Rementería quiso zanjar la polémica con un "se hará cuando toque", una frase más que el silencio de Markel Olano, que declinó hacer declaraciones sobre la posible implementación de los nuevos impuestos.

Sin respuesta pública por parte de las instituciones, en privado fuentes de algunos gobiernos forales sí reconocen a 'Crónica Vasca' que el hecho de que no haya fecha tiene mucho que ver con lo "poco avanzada" que está la definición del nuevo marco fiscal. Queda mucho por concretar en un laberinto fiscal donde se apelotonan muchos interrogantes... y donde las instituciones vascas no tienen prisa porque el modelo actual está dando buenos resultados en términos de recaudación: el 2021 se ha cerrado con una recaudación récord de 15.963 millones de euros, 1.700 millones más de lo previsto a comienzos de año. "La fiscalidad está funcionando de una manera bastante razonable" apuntaba Ramiro González a preguntas de los periodistas.

Impuesto de Sociedades y fiscalidad verdes, los principales frentes empresariales

La reforma fiscal aún se encuentra muy prematura cuando son muchos los frentes que tienen que encarar los tres territorios que conforman la segunda comunidad autónoma con la presión fiscal más baja de España, solo por detrás de Madrid. A título empresarial, quedan pendientes, fundamentalmente, dos retos. El primero, revisar el Impuesto de Sociedades, que actualmente presenta un tipo impositivo en Euskadi del 24% para empresas medianas y grandes, frente al 25% del resto de España. En el caso de pequeñas empresas la diferencia es mayor, un 20% en las haciendas vascas por el 25% en el conjunto de territorio común. Las microempresas se reduce al 18% cuando ha habido compensaciones tributarias y las compañías de nueva creación en Euskadi no han de pagar este tributo mientras que en el resto del país es del 15%.

Por otro lado, la reforma fiscal deberá plantear qué modelo desea implantar para la fiscalidad verde. En la mesa del Órgano de Coordinación Tributaria está la propuesta de fiscalidad verde y sostenible que quiere poner en marcha Bizkaia y cuyos principios ha elaborado con la colaboración de la economista Mariana Mazzucato, profesora de la University College de Londres. Aun así Álava tiene ya en vigor un paquete de medidas fiscales "verdes" que incentivan las inversiones en energías y movilidad limpia y Gipuzkoa prepara su propio paquete de medidas fiscales. El gobierno de Rementería ha dejado la mano tendida para coordinar los gravámenes medioambientales, pero aún no ha habido ningún gesto de asunción de estas propuesta por parte de los gabinetes de Markel Olano o Ramiro González.

Vivienda y EPSV, retos de la tributación a particulares

Por lo que respecta a las personas físicas, la reforma fiscal tendrá que abordar otros dos retos. El primero, un abordaje tributario al mercado de la vivienda. Es algo en lo que lleva trabajando ya un tiempo el Departamento de Iñaki Arriola, más allá del impuesto a la vivienda vacía que implantó el pasado verano. El Gobierno vasco busca penalizar o bonificar en las deducciones fiscales que tienen los arrendadores de vivienda en alquiler según lo que superen o rebajen el precio medio de la vivienda disponible para alquilar en su entorno. Esa fiscalidad, que busca una intervención indirecta en el mercado de la vivienda sin necesidad de topar los precios, la pretende el Ejecutivo autonómico, pero debería ser implementada por las tres diputaciones y, por tanto, formará parte del debate cuando se revise la fiscalidad vasca.

Junto al mercado del alquiler están las EPSV, que gestionan en Euskadi un patrimonio de más de 25.000 millones de euros y esperan seguir incrementando en los próximos años. Actualmente, la retirada del capital ahorrado mediante este mecanismo penaliza tanto si se retira de golpe —como ganancia de patrimonio— como si se decide incorporarle mensualmente como una aportación extra en un momento de necesidad o cuando se llega a la jubilación —donde tributa vía IRPF como rendimiento del capital—. El Gobierno vasco ya trabaja en reformular el listado que regula las actividades en las que se puede invertir o no desde las entidades de previsión social voluntaria. El mundo de las EPSV vascas reclama que los cambios fiscales no afecten ni reduzcan los beneficios que gozan los ciudadanos y empresas por sus aportaciones. Además, piden una revisión de los impuestos que se cobran al rescatar los ahorros para que se tribute solamente por el beneficio siempre "poniendo en primer lugar la garantía sobre las pensiones, porque no somos un fondo de inversión", según manifestó recientemente Ignacio Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, a este diario.