2021 se cerraba con una subida en los precios que no se vivía desde 1992, con un incremento del 6,5% y en enero los precios cerraban con un repunte del 6,1%. Sin embargo, las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos son muy inferiores a los datos que ha registrado el IPC en esos meses. Tras la 'accidentada' convalidación de la reforma laboral, que impulsará esta negociación colectiva, sindicatos como CCOO apuestan por recuperar la figura de la cláusula de garantía salarial en los convenios, que permitía que los salarios se actualizasen conforme al IPC y no se perdiera poder de compra. Este debate es el que está vivo en el dialogo social vasco, y no el de la jornada laboral de cuatro días como la que acaba de aprobar Bélgica.
Desde UGT Euskadi, esta misma semana aseguraban que, aunque el IPC se moderó en Euskadi en enero, la tasa anual sigue en el 6%, por lo que ha exigido que se garantice el poder adquisitivo de las personas trabajadoras para "afianzar la recuperación". La central sindical ha subrayado la necesidad de avanzar en la negociación colectiva y que los convenios recojan una subida salarial para 2022 "superior a la previsión de inflación media, para mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, porque no pueden ser las paganas del descontrol de la inflación".
Por su parte, la patronal considera que el dato de la inflación correspondiente a enero da señales de "desaceleración", una tendencia que prevé que se prolongue durante el 2022, por lo que ha abogado por evitar nuevas subidas salariales para no presionar al alza los precios. La CEOE considera que hay que evitar "un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda" que deriven en una espiral inflacionista.
El propio lehendakari ha entrado también en este debate en el último pleno de control del Parlamento vasco. Urkullu ha asegurado que es "factible y deseable" adecuar los salarios a la realidad socioeconómica de Euskadi pero ha indicado que el instrumento para ello es la negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales en la comunidad autónoma. Esto después de que la representante de EH Bildu, Maddalen Iriarte, pusiera en duda que en Euskadi se pueda vivir "dignamente" con un SMI de 1.000 euros. El Salario Mínimo Interprofesional aún tiene que subir el próximo año para que el Gobierno cumpla con su compromiso de que respresente un 60% del salario medio en España.
Mientras este es el debate candente en Euskadi, y en España, otros países vecinos como Bélgica modifican sus políticas laborales aprobando la jornada laboral de cuatro días. Un debate que ahora no está aquí sobre la mesa. Fuentes empresariales consultadas por 'Crónica Vasca' confirman que aquí "ni existe" en estos momentos esa posibilidad y que sería algo complejo por la multitud de sectores que componen el tejido económico. Y ponen el foco en la productividad de cada empresa.
Desde los sindicatos, CCOO se muestra completamente contraria a la vía seguida por Bélgica, ya que concentra en cuatro días las mismas horas, por lo que no es una reducción laboral "real". Sin embargo, sin ven con buenos ojos la alternativa sobre este asunto que desde hace unos meses se mueve desde el Ejecutivo central. Hace un año Gobierno y Más País llegaban a un acuerdo para poner en marcha un plan piloto de semana laboral de cuatro días o 32 horas. Dicho programa invertirá 50 millones en ayudas a las empresas que voluntariamente opten por implantar este modelo. Este modelo si convence a los sindicatos porque se basa en la negociación de los convenios podría generar más empleo.
Sin embargo, la vía de Bélgica no convence a nadie. Los sindicatos no consideran que esta opción vaya por el camino adecuado ni sirva para mejorar la conciliación laboral ni la calidad de vida de los trabajadores. Todo lo contrario, ya que alertan sobre los efectos negativos que puede tener sobre la salud laboral, física y mental de los empleados, por el hecho de dedicar 10 horas diarias a la actividad laboral. Desde la patronal, por el momento descarta valorar esta cuestión puesto que no está en la mesa de negociación.