Con permiso de la espiral inflacionista y la crisis energética por la que pasa ahora mismo la economía global, cuesta encontrar un sector con unas mayores expectativas de crecimiento que las redes sociales. Un negocio perfecto para colocar publicidad en un público perfectamente segmentado, un espacio ideal para adornar de otras ideas el entretenimiento de millones de personas y con un público que cada vez es mayor y pasa más tiempo pendiente de la aplicación de turno. Instagram, TikTok, Twitch, YouTube o Facebook se presentan al futuro como los mejores escaparates para promocionar productos y obtener ventas millonarias mediante cuentas que, en muchos casos, tienen cuotas de audiencia superiores a las de grandes cadenas de televisión.

A diferencia de los canales televisivos, hasta ahora los influencers no estaban sometidos a ninguna regulación sobre los mensajes que difunden. Sin embargo, esta situación puede cambiar de la mano de la nueva ley audiovisual que prepara el Congreso de los Diputados. Un texto que saltó a la palestra por la exigencia de unas cuotas para las lenguas cooficiales al castellano que planteó Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos pero que también busca atajar la actividad de estos "nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos". Así denomina a los influencers la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha formulado una propuesta abierta a consulta pública y a la que ha tenido acceso 'Crónica Vasca' para que sean declarados "prestadores de servicios de comunicación audiovisual" y se sometan, en consecuencia, a las mismas obligaciones y responsabilidades que tienen las cadenas de televisión, con la posibilidad de ser sancionados con hasta un millón de euros si cometen algunas de las infracciones más graves.

El cambio normativo, por tanto, implicaría un cuidado especial en los contenidos que se distribuyen, especialmente en el caso de que se traten de vídeos publicitarios, colaboraciones con marcas o publicaciones de cariz político o ideológico que puedan constituir delitos de odio. En Euskadi serían unos 350 los influencers afectados por esta modificación según la estimación que postula 'El libro blanco de los influencers', elaborado por la Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Esa cifra puede ser considerada pequeña, pero no lo es tanto si se tienen en cuenta los criterios que plantea la CNMC para que un influencer sea equiparable a un agente tradicional de la comunicación audiovisual: entre otros requisitos, los influencers tienen que prestar un servicio económico, tener la responsabilidad editorial sobre los contenidos que distribuyen, difundir vídeos dirigidos al público general y tener como principal función informar, educar o entretener.

La nueva ley audiovisual también incidirá en la protección de los menores exigiendo a los influencers que identifiquen de forma clara la publicidad, que emitan contenidos aptos para todos lo públicos y que no promocionen comportamientos nocivos para los menores como la ludopatía.