Con la campaña del bonito ya a más del 50%, los arrantzales empiezan uno de sus cursos más complicados. Los precios de la gasolina, la inflación, la falta de relevo generacional y un amplio paquete legal nacional y europeo apuntan a ser los asuntos que marquen un nuevo año de inquietud en el mar.
El coste de la gasolina para las flotas se ha triplicado durante el último año según las estimaciones de la patronal nacional Cepesca y ronda los 0,90 euros por litro una vez descontados los 20 céntimos de ayuda desplegado por el Gobierno central. "El sector está sin duda peor que hace un año, pese a que estábamos en pandemia" asegura el secretario general de Cepesca, Javier Garat, a la Agencia EFE. Aunque se han desplegado muchas ayudas, Garat reconoce que los trámites son lentos y, al igual que señala este mismo domingo Asier San Millán en este periódico, preocupa que las ayudas públicas tarden en llegar.
Frente a la propuesta de topar los precios de ciertos productos alimentarios, arrantzales, acuicultores, distribución y conserveras llevan semanas insistiendo en la necesidad de pasar el IVA del pescado y del marisco de un 10% al IVA superreducido del 4% como la medida correcta para abaratar unos precios que están subiendo por la inflación y la necesaria repercusión de precios.
A los costes de producción se les suma en la ecuación pesquera la falta de relevo generacional. Un problema "gravísimo" que denunció el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero, en el Congreso de los Diputados. Un asunto que, para Garat, podría tener una solución legal que aportase "seguridad jurídica". En opinión del director general de Cepesca, parte de la solución también pasaría por la legislación europea, que, de simplificarse, haría "más atractivo" ser arrantzale.
Una embarcación vasca durante la campaña de la anchoa / Europa Press
Un amplio frente legal con las cuotas como principal batalla
Precisamente en el ámbito legal también se está trabajando, a nivel nacional, en una ley de pesca sostenible que plantea cambios en el reparto de las cuotas, que tendrán en cuenta más criterios que los derechos históricos y permitirá al Ejecutivo, de salir adelante tal cual plantea el gobierno el texto inicialmente, que el Ministerio pase a poder reservarse hasta un 10% de las cuotas anuales, frente al actual tope de un 3%.
El documento ya ha levantado ampollas en algunas comunidades como Galicia o la Región de Murcia frente al apoyo que ha cosechado entre colectivos ecologistas, cofradías y asociaciones ligadas a las artes menores y la pesca artesanal. Junto a la ley nacional, también se divisa en el horizonte la 'amenaza' del cierre de 87 zonas de pesca de arrastre que propone la Comisión Europea para proteger ecosistemas marinos especialmente vulnerables.
Antes de lidiar con esa batalla en Bruselas habrá que negociar a final de año los topes de capturas para 2023 mientras la Comisión también sigue trabajando en una reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) que no debería traer grandes cambios y una actualización del reglamento europeo de control pesquero. En el frente internacional también está en juego las cuotas del atún rojo, que España espera aumentar y una recalificación de la tintorera que podría restringir su pesca.