El pasado viernes CCOO y UGT desvelaron que el Ejecutivo central tiene la intención de aprobar este martes por Decreto una subida salarial del 2,5% al personal del sector público. Noticia que ha sido confirmada este lunes por el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, quien ha asegurado que se cobrará "de forma inmediata" en la próxima nómina y con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Las reacciones ha esta noticia no se han hecho esperar, una de las primeras ha sido la del sindicato ELA, que ha advertido que esto supondrá que los trabajadores del sector "perderán por tercer año consecutivo poder adquisitivo, ya que el IPC del año 2023 fue del 3,1%".
Desde el sindicato de Mitxel Lakuntza han precisado que "esta propuesta no es más que la aplicación práctica del acuerdo de 2022 firmado entre CCOO y UGT con el Gobierno" y, tras recordar que estos dos sindicatos "son minoritarios" en el sector público de Euskadi y Navarra, ha advertido de que, "si las instituciones y partidos políticos vascos hacen suya esta propuesta, los profesionales públicos de Euskadi perderán en tan solo tres años más de un 6% de poder adquisitivo". De este modo, ha explicadon que "en 2022 la pérdida de poder adquisitivo fue del 3% y en 2023 del 2,2%", mientras que en 2024, si "se aplica lo acordado en Madrid, la pérdida será del 1,1%".
Por ello, han pedido tanto a las instituciones como a los partidos políticos que "rompan con esta dinámica de subordinación" y que "dejen de aplicar el acuerdo firmado" entre el Gobierno central, CCOO y UGT en octubre de 2022 en materia salarial y de empleo público: "Esa sumisión a las decisiones de Madrid está teniendo graves consecuencias en las condiciones laborales de la plantilla, así como en la calidad de los servicios públicos. Las miles de personas que han participado en las huelgas y en las movilizaciones del sector público han trasladado este mensaje".