En el camino hacia los vehículos de cero emisiones, impulsado por el Plan de Acción por el Clima de la Unión Europea, el coche eléctrico y su infraestructura continúan ganando terreno en Euskadi.
La UE prevé que en 2035 todos los vehículos en las carreteras sean cero emisiones. Con este horizonte, los coches de combustión van dejando paso a los eléctricos: una transición clave para la neutralidad climática y la descarbonización en las carreteras.
A esta transición se suma la infraestructura que lo hace posible: las electrolineras y puntos de carga. Actualmente, Euskadi cuenta con cerca de 1.700 cargadores públicos, distribuidos entre la vía pública, estaciones de servicio y aparcamientos: “Nos parece un número suficiente para el parque electrificado en Euskadi, pero es importante seguir ampliando la red, sobre todo con cargadores ultrarrápidos”, señala a este diario la patronal de concesionarios Faconauto.
La primera gran electrolinera de Euskadi se encuentra en el Parque Comercial Bilbondo con ocho puntos ultrarrápidos y superrápidos
Las ayudas a la compra, decisivas
“Las ayudas a la compra son decisivas”, señalan desde Faconauto tras analizar el repunte de matriculaciones en Euskadi a raíz del Plan Renove, diseñado para rejuvenecer un parque automovilístico que alcanza una media de 15 años de antigüedad.
En lo que va de año, los concesionarios vascos han matriculado 22.000 coches, lo que supone un 21% más que en el mismo periodo de 2024: “El aumento de matriculaciones demuestra que las ayudas no se están quedando en el cajón”, subrayó el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, al hacer un balance de la implementación de las ayudas.
En este sentido, según un estudio de Faconauto, seis de cada diez compradores reconocen que dependen de las subvenciones —como el Plan Renove—, para poder comprar un coche eléctrico. En cambio, solo dos de cada diez afirman que lo harían sin necesidad de estas ayudas.
Paralelamente, un 68% descarta por ahora la compra de un eléctrico. El 66% lo hace por razones de precio, seguido de la autonomía (53%), falta de infraestructura de recarga (43%) e inseguridad respecto a la continuidad de las ayudas públicas (29%).