Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, CIG, Intersindical Catalana, IAC, Intersindical Valenciana y STEI se reunirán el próximo 12 de febrero con todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, a excepción de PP y VOX, para tratar un cambio del Estatuto de los Trabajadores que permita en cada comunidad mejorar el SMI nacional.
Su intención era citarse además con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero todo parece indicar que esto no va a ser posible, ya que tal y como han denunciado los sindicatos vascos esta "se escuda en problemas de agenda y no propone otras fechas. Yolanda Díaz ningunea a todo el sindicalismo alternativo a CCOO y UGT, no acepta la plurinacionalidad sindical del Estado y mantiene en vigor una regulación que extiende la precariedad laboral, ahora con la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos".
"El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se comprometió a derogar la reforma laboral de 2012. No solo ha incumplido su promesa, sino que ha consolidado la precariedad, sobre todo a través de la extensión de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. CCOO y UGT han avalado este proceso, y por ello el Gobierno les permite monopolizar la representación sindical. Ahora, Díaz niega la interlocución para mejorar el SMI español mediante salarios mínimos interprofesionales propios de cada territorio", han asegurado desde LAB.
Y explican, "esta decisión es autoritaria y antidemocrática, y refleja una visión del Estado monolítica y centralista. Algunos de los sindicatos que han solicitado la reunión son mayoritarios en sus territorios, incluso tienen la consideración legal de sindicatos más representativos, lo que les otorga una especial legitimidad negociadora".
"Esa legitimidad conlleva, por ejemplo, la obligación ministerial de negociar cambios legislativos como el establecimiento del SMI. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo prefiere conculcar estos derechos y contravenir la Ley Orgánica de Libertad Sindical para poder imponer un SMI único y centralizado que no se adapta a la realidad plurinacional del Estado", han concluido.