El Gobierno central respalda la posición de las empresas de estiba y exige adaptarse a la legalidad

El Gobierno de España empieza a presionar para buscar una solución al conflicto que ha paralizado el puerto de Bilbao desde el 8 de octubre. Tras la petición del lehendakari Urkullu para que se avance hacia un “arbitraje forzoso” y las demandas de las empresas para desatascar la situación, el ministro de Trasnportes, José Luis Ábalos ha abierto, por primera vez la posibilidad de que haya adoptar “medidas forzosas”, aunque se ha mostrado partidario de que se “acepte el diálogo”. La clave de su intervención en el Senado ha sido la referencia a la necesidad de adaptar el acuerdo a la “normativa europea”. En este sentido, ha señalado que el conflicto surge de la renovación de un convenio que “ahora la regulación europea no acepta”.

Para las empresas que conforman BilboEstiba: Cosco, Bergé, S.L.P. y Toro y Betolaza, supone un espaldarazo a sus posiciones. Y es que la patronal viene defendiendo que no pueden iniciar una negociación con los sindicatos admitiendo su primer punto “innegociable” y que “se sale de la ley”: considerar los trabajos complementarios en la dársena, como tareas reguladas en el convenio de la estiba. Fruto de la liberalización de las actividades en los puertos impulsada por la Unión Europea, esta diferenciación debe respetarse y quedó refrendada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. Este punto es, precisamente, el elemento de bloqueo de las negociaciones, ya que las empresas reclaman la capacidad de organizar estas tareas complementarias de forma autónoma y los sindicatos, en cambio, exigen que los 110 trabajadores eventuales que las desempeñan sean incorporados a la plantilla estructural de 320 personas.

La situación de paros y conflictividad en las dársenas del Abra de Bilbao está generando en estas cinco semanas un bloqueo en transporte de mercancías y contenedores que está afectando también a importantes empresas vascas que no reciben las materias primas necesarias para sus procesos de producción. Una situación que empieza a ser insostenible y que llevó al lehendakari Urkullu a reclamar directamente a Pedro Sánchez una intervención del Estado para forzar un arbitraje que obligue a las partes a aceptar la resolución del laudo definitivo.

El Gobierno vasco ha defendido que la realidad competencial del puerto, en el que se desempeñan labores derivadas de competencias exclusivas del Estado, como aduanas y fronteras, hace que no pueda intervenir para aplicar una medida forzosa. De ahí este movimiento, que también han apoyado las empresas del puerto.

Una de cal y otra de arena

Fuentes de las empresas agrupadas en BilboEstiba han valorado positivamente las palabras del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya que consideran que introducen por primera vez la necesidad de recoger la legalidad europea y verbalizan la posibilidad de acudir a un “arbitraje obligatorio”. Única vía que entienden puede darse en el actual momento y después de que fracasara el intento de una mediación voluntaria en el gobierno vasco.

Pero confiesan también que se trata de “una de cal y otra de arena”, y es que las empresas esperaban una medida más rápida, llegaron, incluso, a barajar que la orden se aprobara en el Consejo de Ministros de ayer. En cambio, las palabras de Ábalos dejan entrever que queda todavía un trayecto por recorrer. Así, en su comparecencia en el Senado y en respuesta a la senadora de EH Bildu, Idurre Bidegure, el ministro ha recordado que prefiere que se “acepte el diálogo” antes de tener que tomar “medidas forzosas”. Pero también ha incidido en que sus competencias “le dan muy poca capacidad de intervención en cuestiones de puertos” y que, en referencia al arbitraje forzoso, “debería ser la autoridad laboral quien lo planteara en el Consejo de Ministros porque es una medida muy impactante”.

La afección al conjunto de España es clave

El ministro ha señalado también que es necesario hacer un esfuerzo, en el marco de la normativa europea, para volver a la normalidad porque el puerto de Bilbao “tiene un interés estratégico en toda la zona norte, pero también en el centro peninsular”. Y es que esta referencia no es baladí, ya que uno de los elementos que pueden ser clave para la intervención del estado es que el actual conflicto tenga unas consecuencias que trasciendan la geografía de Euskadi.

En este sentido, las empresas del puerto trabajan ya en la recopilación de información y documentación para evidenciar los efectos en la economía que está generando el paro iniciado el 8 de octubre. Un material que analizarán el jueves con el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala.

Los sindicatos mantienen, por su parte, la necesidad de fijar un calendario de reuniones que desemboque en “acuerdos beneficiosos para todas las partes y que pongan fin a conflicto del puerto de Bilbao”. Defienden la necesidad de dar una salida a 110 trabajadores eventuales que están concatenando contratos de día. “La incorporación a la plantilla de estos compañeros es algo fundamental”, ya que llevan más de dos años concatenando contratos con una ETT, “está más que demostrado que son trabajadores que responden a necesidades estructurales”.

Las centrales que representan a los empleados reiteran que la empresas solamente propalan acusaciones falsas y buscan el enfrentamiento, “sin haberse movido nada en su postura durante los últimos meses”. Es un “intento de desplegar toda su fortaleza económica para  orientar a la opinión pública y que tenga una percepción errónea de lo que realmente está sucediendo". Todo lo contrario, han asegurado que su “comportamiento es ejemplar", soportando las provocaciones recibidas con unos servicios mínimos  abusivos y con un “desproporcionado despliegue policial".