Los hosteleros pueden pedir desde mañana las ayudas del Gobierno vasco

Las ayudas directas de hasta 4.000 euros para establecimientos hosteleros afectados por el cierre del sector podrán solicitarse a partir de mañana jueves y durante 15 días hábiles hasta agotar los 30,4 millones que el Gobierno Vasco ha destinado a este fin.

Estas ayudas extraordinarias a fondo perdido, que son compatibles con el resto de medidas tanto del Ejecutivo como de otras instituciones, fueron aprobadas la semana pasada por el Consejo de Gobierno a raíz del cierre del sector desde el sábado 7 como medida de contención de la pandemia de la covid-19.

Su finalidad básica es "contribuir al mantenimiento de la actividad, y con ello, paliar las pérdidas económicas directas" del cierre de bares y restaurantes "coadyuvando a la pervivencia física de los establecimientos una vez se supere el cierre obligatorio", explica la orden del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que publica hoy el Boletín Oficial del País Vasco.

En Euskadi hay 12.219 establecimientos hosteleros: 8.297 tienen menos de 3 trabajadores, 3.224 cuentan con plantillas que oscilan entre los 4 y los 10, y los 698 restantes tienen más de 10 empleados.

Los establecimientos de menos de 3 trabajadores podrán solicitar una ayuda directa de 3.000 euros; los que tienen hasta diez 3.500 euros y el resto 4.000 euros. Quedan excluidos los negocios con más de 50 trabajadores y los que antes de la pandemia tuvieran como fuente de ingresos principal el reparto a domicilio.

Las ayudas persiguen "la supervivencia" de los establecimientos y sus puestos de trabajo por lo que los negocios que las reciban deben comprometerse a mantener la actividad durante al menos cuatro meses desde que se levanten las restricciones y puedan reabrir.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana y durante 15 días hábiles tanto de manera presencial como telemática, opción "preferente" para el Gobierno Vasco. Las ayudas se concederán en función del orden de llegada y, en el caso de que se agoten los 30,4 millones de presupuesto, se paralizaría su concesión y se desestimarían las solicitudes pendientes de resolver.