La crisis que atraviesa el puerto de Bilbao no puede prolongarse más dadas las consecuencias económicas que empieza a generar el paro en “una de las infraestructuras estratégicas del norte de España, no sólo en su entorno, sino también en otras zonas de la península”. Así lo ha entendido el Gobierno central que, a través del ministerio de Transportes, ya ha tomado cartas en el asunto. En este sentido el ministerio que dirige José Luis Ábalos ha contactado ya con los sindicatos y también con las empresas agrupadas en BilboEstiba, Cosco, Bergé, S.L.P. y Toro y Betolaza, para buscar una mediación que llegue a un acuerdo que respete la normativa europea. Si éste no se diera, la determinación sería llevar al Consejo de Ministros una resolución para aplicar un “arbitraje forzoso” a más tardar el 1 de diciembre.

El pasado martes, en el Senado, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos abrió, por primera vez la posibilidad de que haya que adoptar “medidas forzosas”, aunque se mostró partidario de que se “acepte el diálogo”. La clave de su intervención fue la referencia a la necesidad de adaptar el acuerdo a la “normativa europea”. En este sentido, señaló que el conflicto surge de la renovación de un convenio que “ahora la regulación europea no acepta”.

Desde entonces, fuentes sindicales y portuarias han confirmado a ´Crónica Vasca´ que desde el Ministerio de Transportes se han mantenido contactos con ambas partes para tratar de avanzar hacia una mediación que desatasque la situación y con el objetivo de llegar a un acuerdo que se adapte a la normativa. Pero el tiempo, después de cinco semanas de huelga, apremia y la activación del “arbitraje forzoso”, aunque como último recurso, es una herramienta que se baraja para el Consejo de Ministros, no más tarde del 1 de diciembre. En este movimiento, no se descarta, incluso, el papel que el Gobierno vasco pueda jugar en una mediación, como la que solicitaron ayer los sindicatos al departamento de Trabajo, como una fórmula de acercar el acuerdo mediante el diálogo, aunque las empresas son escépticas a la voluntad real de las centrales de adecuar el convenio a la normativa europea y ven como única solución el "arbitraje forzoso" empujado por el gobierno central.

Todo comenzó con la solicitud que el lehendakari Urkullu realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que desde el ejecutivo central se pusiera fin con un “arbitraje forzoso” a una huelga que, desde el 8 de octubre, ha paralizado el puerto de Bilbao. Y es que los paros han generando problemas a empresas como ACB, importantes cotizadas del metal vascas, cementeras y al gigante eólico Acciona, que ha visto como se quedaban bloqueadas en las dársenas del puerto nada más y nada menos que 72 palas de molino de más de 70 metros de longitud, teniendo que plantearse, incluso un traslado por carretera hasta Sagunto.

Puzzle sensible

El movimiento es muy sensible, ya que sobre la mesa hay numerosos factores que pueden desequilibrar la operación. Desde la negociación para la aprobación de los PGE en la que la decisión del PNV es determinante, hasta la tensiones en el gabinete Sánchez con Podemos que, con la ministra Yolanda Díaz en la cartera de Trabajo, no es nada proclive a iniciar el procedimiento “extraordinario” de un arbitraje forzoso. Así, este ministerio, que sería el responsable de llevar la orden para imponer el arbitraje forzoso al Consejo de Ministros, ha señalado que "todavía no tiene una solicitud encima de la mesa y que, en su caso, debería estudiarla detalladamente porque se trata de una medida muy estricta".

El hecho de que la situación esté en un punto muerto, sin avances en las últimas semanas, ha sido el detonante. El único intento de mediación, fue el transcurrido hace diez días en el Consejo de Relaciones Laborales, un arbitraje voluntario que acabó con los sindicatos levantándose de la mesa. El elemento de choque está en la renovación del convenio y la necesidad de que éste se adecue a la normativa europea que liberaliza la actividad en los puertos y que, además, cuenta ya con el respaldo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014.

La patronal acusa a los sindicatos de querer iniciar la negociación exigiendo un primer punto “innegociable” y que “se sale de la ley”: considerar los trabajos complementarios en la dársena, como tareas reguladas en el convenio de la estiba. Fruto de la liberalización de las actividades en los puertos impulsada por la Unión Europea, esta diferenciación debe respetarse y quedó refrendada por pronunciamientos de los tribunales europeos. Este punto es, precisamente, el elemento de bloqueo de las negociaciones, ya que las empresas reclaman la capacidad de organizar estas tareas complementarias de forma autónoma y los representantes de los trabajadores, en cambio, exigen que los 110 trabajadores eventuales que las desempeñan sean incorporados a la plantilla estructural de 320 personas.

Los sindicatos miran al Gobierno vasco

Los movimientos iniciados desde Madrid han provocado un cambio de estrategia en los sindicatos que, ahora, han solicitado al Gobierno vasco una mediación. Primero lo hicieron el jueves, pero sin adecuarse al trámite administrativo, y ayer, a última hora de la mañana, la registraron en el departamento de Trabajo que dirige la vicelehendakari, Idoia Mendia. Se trata de un arbitraje que requiere la voluntad de ambas partes para aceptar la propuesta definitiva, una vía diferente a la que se aprobaría en el Consejo de Ministros en el caso de un “arbitraje forzoso”.

Desde el departamento de Trabajo del Gobierno vasco, han confirmado que analizarán con detalle la propuesta para ver qué respuesta plantean, aunque alertan de que para iniciar ese proceso es necesario la adhesión voluntaria de ambas partes. Por su parte, la empresas de BilboEstiba, han señalado que, cuando reciban comunicación formal de este hecho, lo valorarán y emitirán una respuesta.