Después de que el departamento de Trabajo del Gobierno vasco comunicara la imposibilidad de mediar en el conflicto por la negativa de las empresas, las centrales sindicales han dado un paso más y han tramitado ante el ministerio de Trabajo la solicitud para que sea la institución dirigida por Yolanda Díaz quién haga de árbitro en un nuevo intento de negociación. Los representantes de los trabajadores insisten en esta vía para evitar un “arbitraje forzoso” como reclaman las empresas y como el propio lehendakari Urkullu solicitó al presidente Pedro Sánchez. Los sindicatos, OUTPB, UGT, ELA, LAB y Kaia, señalan además en el escrito su compromiso para desconvocar la huelga desde el momento en que se abra esta mesa de negociación.
Este movimiento llega, una semana después de que el conflicto llegara a Madrid. Desde entonces el ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, está contactando con las partes del conflicto con la voluntad desatascar la situación. Eso sí, como señaló el propio Ábalos, con la necesidad de adaptar el acuerdo a la “normativa europea” y abriendo la posibilidad de, si no se avanza en esa dirección, adoptar “medias forzosas”. Y es que el tiempo se agota, los efectos de una huelga de siete semanas están provocando muchos daños y la fecha tope del 1 de diciembre para tomar una medida definitiva, incluso desde el Consejo de Ministros con el arbitraje forzoso si fuera necesario, pesa sobre la mesa.
Fuentes de el ministerio de Trabajo han confirmado a ´Crónica Vasca´ que Yolanda Díaz “aceptará la solicitud” de los sindicatos “con la intención clara de que las partes puedan alcanzar un acuerdo”. El ministerio no se siente cómodo con la aplicación de un “arbitraje forzoso” y “aboga por agotar todas las posibilidades antes de recurrir a un mecanismo tan excepcional” .
Las empresas agrupadas en Bilboestiba, Cosco, Bergé, S.L.P. y Toro y Betolaza, han señalado que analizarán la situación, pero ven la operación como una “jugada más táctica que de fondo”. En este sentido, señalan, que han sido más de 25 veces las que han intentado iniciar la negociación y siempre “encontramos la misma posición inamovible en los sindicatos, un punto que además incumple la normativa europea”: considerar los trabajos complementarios en la dársena, como tareas reguladas en el convenio de la estiba. Fruto de la liberalización de las actividades en los puertos impulsada por la Unión Europea, esta diferenciación debe respetarse y quedó refrendada por pronunciamientos de los tribunales europeos.
Este punto es, precisamente, el elemento de bloqueo de las negociaciones, ya que las empresas reclaman la capacidad de organizar estas tareas complementarias de forma autónoma y los representantes de los trabajadores, en cambio, exigen que los 110 trabajadores eventuales que las desempeñan sean incorporados a la plantilla estructural de 320 personas.
Los sindicatos, en cambio, acusan a las empresas de “secuestrar el puerto, obligándonos a recurrir a esta huelga por su decisión de no negociar”. Insisten en la necesidad de “agotar esta vía” y destacan también la parte táctica de la batalla por el relato al señalar que “si no quieren negociar, que se lo digan también al ministerio al que solicitan un arbitraje forzoso”.
Mientras el conflicto sigue pendiente de si se resuelve a través de un arbitraje obligado desde el gobierno de España, las empresas afectadas siguen aumentando. Además de Acciona, que ha visto como 72 palas eólicas de más de 70 metros de longitud se quedaban sin poder trasladarse, otra eólica que ha tenido problemas ha sido Haizea Wind, así como ACB y empresas del metal que necesitan provisiones para mantener su ritmo de producción. En este tiempo, gran parte del tráfico ha debido derivarse a otros puertos, como Gijón, Santander o Pasajes. El puerto asturiano, en concreto, está registrando un tráfico marítimo de récord estos días.