Los sindicatos temen una cascada de despidos tras el anuncio del cierre de 44 oficinas del Santander

Los sindicatos observan con preocupación la propuesta que Banco Santander ha puesto encima de la mesa para acometer el redimensionamiento de la entidad financiera en España y, en concreto, su afección al País Vasco, donde el planteamiento contempla el cierre de 44 oficinas, el 36% de la red. Las negociaciones comenzaron la semana pasada y, ayer, fue la segunda reunión de un proceso que, legalmente, concluirá el próximo 17 de diciembre.

La propuesta contempla un reajuste de la plantilla que asciende a 4.752 trabajadores, reduciendo así ligeramente la cifra inicial de 5.090 empleados. La afección en Euskadi sobre sus 750 trabajadores todavía se desconoce, pero, en cuanto a la red de oficinas, la entidad presidida por Ana Patricia Botín sí ha señalado cómo quedaría el mapa en el País Vasco con el cierre de 44 oficinas. Supone el 36% de las 122 que actualmente tiene la entidad.

Por territorios, es Gipuzkoa donde la afección es mayor, ya que se plantea el cierre de casi la mitad de las oficinas. Así, la propuesta establece cerrar 20 de las 46 instalaciones que hay actualmente en ese territorio. En Bizkaia, el documento señala 18 oficinas (31%) de las 59 que actualmente están operativas. Y, por último, en Álava, el cierre ascendería a 6 de las 17 sucursales con las que actualmente cuenta el territorio.

Fuentes de ELA señalan que la cuestión más “problemática” en cuanto a las medidas de empleo está en las denominadas “medidas de flexibilidad” que, ante este nuevo diseño de la red de oficinas, puede plantear situaciones en las que se propongan traslados a trabajadores lejos de sus puntos actuales de trabajo. Desde el sindicato con más representación en País Vasco, se reclama el recurso a “medidas no traumáticas, como bajas anticipadas conservando una parte del salario”, y atendiendo a las franjas de edad, como se ha hecho en otras ocasiones.

Banco Santander afronta un redimensionamiento de su plantilla y de su red de oficinas, con un ajuste de 4.750 trabajadores en el conjunto de España y teniendo que cerrar entre 900 y 1.000 oficinas, un 32% de la red de 3.100 con la que cuenta actualmente en toda la geografía española. Y es que la banca está cosechando un 2020 problemático en la que la caída de la rentabilidad es un elemento cotidiano en la presentación de resultados de las entidades, que deben ampliar la dotación de activos en sus balances y prepararse para una posible subida de la morosidad cuando, en 2021, empiece el vencimiento de todas las líneas de crédito dadas a las empresas para afrontar la crisis de este año.

En este contexto, todos los bancos buscan reducir costes, bien mediante las sinergias que generan las fusiones, bien con la adaptación a las nuevas formas de banca con la digitalización de sus servicios. En el caso del Santander, la entidad viene desarrollando una apuesta que “busca seguir ofreciendo los mismos servicios de las entidades, a través de canales alternativos, como son los cajeros automáticos, el teléfono, internet o las oficinas móviles”. En este sentido, la entidad prevé una reorganización de su plantilla que ya ha comenzado con el refuerzo de estos servicios a distancia para los que se ha pasado de 600 a 1.000 personas trabajando en unos centros que han pasado de cinco a nueve.

Además, en 2021, la entidad comenzará a trabajar con el envío de dinero en metálico, gracias a un acuerdo con Correos. Así, será posible la retirada e ingreso de efectivo en los puntos de atención al ciudadano de Correos y llevar dinero a cualquier domicilio mediante los carteros.

Estos ajustes vienen seguidos de los que la entidad acometió tras la absorción del Banco Popular, con 3.223 empleos, los 1.100 de 2018 y los 1.380 en 2016. Actualmente, la entidad presidida por Ana Patricia Botín, cuenta en España con unos 29.000 empleados y 3.100 oficinas, de las que se cerrarán en este proceso entre 900 y 1.000.