La Audiencia Nacional, viendo la escalada del conflicto que vive el puerto de Bilbao, se ha quitado el problema decretando un nuevo aplazamiento hasta junio del año que viene para establecer las medidas legales que acotaran el actual Acuerdo Marco de la Estiba a la normativa en el análisis de la impugnación al Convenio que había presentado la patronal. El Acuerdo Marco es la referencia que desarrolla en el Convenio los límites a la liberalización de los trabajos complementarios y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) declaró ilegales. Es el tercer aplazamiento de la Audiencia Nacional que había fijado la primera vista para mayo de este año. Por eso las empresas han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial.
Así pues, la posibilidad de que fuera la vía judicial la que aportara luz al conflicto que ha paralizado el puerto de Bilbao se ha diluido, al menos hasta junio del año que viene. Y es que la situación, tras el rechazo de las empresas a la mediación que planteó el Ministerio de Trabajo, sigue enquistada en una jornada en la que los sindicatos analizarán si amplían la huelga que comenzó el 8 de octubre, más allá del 8 de diciembre.
Este IV Acuerdo Marco de la Estiba, que está pendiente de analizarse en la Audiencia Nacional, es que el que establece las reglas del Convenio, cuya renovación ha desatado la huelga en el puerto de Bilbao. Los tribunales europeos señalaron que vulneraba la legalidad y que no respetaba las medidas impulsadas por las instituciones comunes para liberalizar los trabajos asociados a la estiba, lo que se ha venido en denominar las tareas complementarias y que, en Bilbao, afectan a 110 trabajadores.
Los sindicatos defienden la necesidad de incorporar esas tareas y esa plantilla a la carga estructural de la estiba, mientras que las empresas agrupadas en Bilboestiba señalan que ese punto, es ilegal, está rechazado por la UE y ha costado varias sanciones a España. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó el pasado 10 de noviembre que los puntos recogidos en el Convenio contravienen la normativa y deben modificarse.
Las empresas, tras la negativa de los sindicatos para adaptar esta situación, solicitaron un pronunciamiento a la Audiencia Nacional el pasado 2 de marzo. El tribunal señaló el 27 de mayo la vista, pero fue retrasada a petición de los sindicatos por dificultades para el traslado. Se fijó una nueva fecha, para el 20 de octubre que, también por los letrados de las centrales sindicales, se solicitó aplazar para conocer el dictamen de la CNMC. La sala aceptó el retraso y fijó la vista para hoy, 27 de noviembre.
El caso es que la cita, ha sido aplazada por tercera vez, en esa ocasión por enfermedad de uno de los abogados de la parte sindical. Lo extraordinario es que la nueva fecha se ha llevado hasta el mes de junio del año que viene, un hecho que para las empresas del puerto asociadas en Asoport es “anormalmente llamativo”, por lo que ha reclamado el “principio de tutela judicial efectiva” para solicitar a través del Consejo General del Poder Judicial, una reconsideración de los plazos.