Trabajadores del IMQ han hecho público un mensaje del Consejo de Sociedad de Médicos en el que el máximo órgano de dirección de la entidad señala que “no hay ninguna negociación” con Adeslas para la venta del IMQ. Se trata de un compromiso que, mediante una circular, la dirección asume señalando que una operación de esas características se daría solo “si existe un mandato de la Junta General de Accionistas en ese sentido”. La información llega en mitad de una continua “rumorología” sobre la posible ampliación de acciones de Adeslas en la entidad. Es por ello que los trabajadores consideran que, de estar produciéndose esas negociaciones, la presidenta del IMQ, Begoña Astigarraga, "miente" por haber planteado lo contrario. A su vez denuncian, un intento de la actual dirección de hacerse con el control de Montepío, socio protector de IMQ Seguros.
Montepío es el organismo que gestione las pensiones de una parte de los socios del IMQ. Su actual dirección está enfrentada a la del IMQ y alineada con la posición de los accionistas contrarios a una venta de acciones que haga perder el control de la entidad a los médicos en beneficio de Adeslas. Según apuntan una parte de los trabajadores, el movimiento pasaría por cambiar la dirección de Montepío en una asamblea extraordinaria por otra más favorable a los planes de venta a Adeslas.
La situación de la mayor empresa sanitaria de derecho privado que existe en Euskadi sigue elevando su temperatura a la espera de la vista judicial fechada para el 13 de abril. Un juicio en el que se determinará si la actual dirección del IMQ vulneró los derechos de los accionistas al arbitrar un sistema de voto delegado sin contar con un consentimiento expreso para resolver una votación decisiva que permitiría la venta de más participaciones a Adeslas. La Aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña cuenta actualmente con el 45% de las acciones.
La posibilidad de vender acciones del IMQ y con qué libertad para hacerlo a su precio de mercado, ha creado una guerra interna entre los accionistas. Por un lado, la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI) que defiende la posibilidad de vender a precio de mercado sin más limitación. De otra parte, está la Asociación por la Defensa del Modelo Igualatorio (Ademi), que está en contra de una venta libre de acciones que “comprometa el modelo del igualatorio y que no deje el control de la compañía en manos de los médicos”.
Este conflicto traspasó las fronteras de la entidad privada de salud para llegar a los tribunales porque los accionistas agrupados en Ademi recurrieron el modo en que se había producido la votación que permitía una venta de acciones a Adeslas. Los jueves vieron que en el proceso había base suficiente para iniciar un procedimiento judicial que comenzará el 13 de abril.
Ronda de reuniones
La entidad reside su gobierno en la directora, Begoña Astigarraga, y en el Consejo de Dirección que, a su vez, también está dividido. En este contexto y para tratar de resolver el conflicto se habían organizado esta semana y la pasada varias reuniones con las partes. La semana pasada tuvo lugar un encuentro entre la dirección y representantes del PAI, mientras que la reunión entre el Consejo de Dirección y Ademi se ha suspendido sin fecha, según señala el Consejo de Dirección por “motivos ajenos a este Consejo”. Mañana, está prevista la reunión con el Sindicato Médico, que aglutina también una parte importante de los accionistas.