Más de mil accionistas y la entidad de sanidad privada, el IMQ, la más importante en Euskadi que, además, se encuentra en un momento de crecimiento y no deja de ser un “caramelo” apetecible para diferentes inversores en un contexto económico en el que la salud es un valor de inversión seguro. Si a esto añadimos que los accionistas tienen dos perfiles marcadamente diferenciados: médicos en ejercicio en progresión profesional y facultativos ya jubilados que buscan rentabilizar su patrimonio accionarial, el resultado es una batalla de salón en toda regla. Un contexto en el que si añadimos además, una complicadísima estructura societaria con pactos de socios, derechos de bloqueo, de arrastre y de acompañamiento, el resultado es un pelea legal apta solo para expertos en derecho mercantil.
Los accionistas alineados entre la PAI y Ademi
En este contexto el IMQ afronta una semana clave para resolver el conflicto entre unos accionistas que quieren libertad para vender al mejor comprador, agrupados en la PAI, y otros que quieren garantizarse el control de la compañía limitando ese derecho. La agrupación que engloba a los accionistas contrarios a la libre venta de las acciones, Ademi, se reúne esta semana con la dirección de la entidad, la Sociedad de Médicos, para cerrar una ronda de contactos que la presidenta del IMQ, Beatriz Astigarraga, quiere impulsar para buscar un acuerdo entre las partes.
Un acuerdo que fije las líneas generales y las condiciones para la venta de acciones y la posible entrada de un socio mayoritario. Astigarraga ha señalado que hasta que ese punto no se alcance, no se entablarán negociaciones con Adeslas, que actualmente tiene un 45% de las acciones, pero aspira a convertirse en mayoritario. Trabajadores de IMQ han acusado a la dirección, encarnada en la Sociedad de Médicos, de mentir porque esos contactos con Adeslas han trascendido.
Cambios en la dirección y judicialización del "blindaje" frente a la entrada de un socio mayoritario
Pero a falta de complicaciones, queda la judicial. Astigarraga es la presidenta del IMQ desde abril de 2020, tras sustituir a Pedro Ensunza que duró apenas tres meses en el cargo, tras sustituir a Miguel Ángel Lujua. Un baile de presidentes fruto de los pulsos entre los bandos del accionariado. Precisamente, cuando la Sociedad de Médicos permanecía más cercana a evitar la entrada de un socio mayoritario aprobó un blindaje sin llevarlo a la junta de accionistas. Fue en un junio de 2019. La decisión fue recurrida en los tribunales por la PAI, la plataforma de médicos favorable a la libre venta. Y la Dirección del IMQ, en el momento del análisis del juez, más proclive hacia la PAI, decidió “allanarse” y no plantear alegaciones, facilitando que el recurso lograra avanzar contra el “blindaje”. El juez, de todas formas, ha decido fijar una vista el 13 de abril para analizar si se han lesionado derechos de accionistas con esa operación.
El derecho de veto de Montepío
Y por si los ingredientes fueran pocos, queda la situación de Montepío. El IMQ en sus sociedad cúspide está organizado con dos socios, la Sociedad de Médicos que tiene el 99,99% de las acciones y el Montepío, con el 0,01% de la propiedad, pero que cuenta con opción de veto a cualquier operación de venta. El Montepío es la sociedad que alberga el fondo de pensiones de parte de los accionistas. Actualmente, su dirección mantiene una posición contraria a la venta y enfrentada con la Sociedad de Médicos. Si bien los criterios tienen que ver más con el reparto de dividendos y, por consiguiente con la aportación al fondo, que con una posición corporativa sobre un nuevo accionista. La cuestión es que ha trascendido un documento en el que la Sociedad de Médicos, quiere convocar una junta para modificar la dirección de Montepío buscando una línea más cercana a sus posturas. Algo que, lejos de atemperar las aguas, ha elevado más aún los ánimos.