La Autoridad Vasca de la Competencia se mete con el monopolio de las funerarias

La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha iniciado un expediente sancionador en el que investiga un posible abuso de posición de dominio en el mercado local de servicios de tanatorio y crematorio en Gipuzkoa. Y es que el sector funerario de Euskadi se acerca cada vez más al monopolio con Mémora, Funeuskadi, Albia, y Funetxea a la cabeza del sector funebre en la Comunidad.

En función de la información recabada durante la fase de información reservada, la AVC considera que existen indicios racionales de una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, que prohíbe la explotación abusiva por parte de una o varias empresas de su posición dominante en el mercado. Ya en febrero, la propia CNMV (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) examinaba la adquisición del grupo Funeraria Vascongada por parte de Mémora, líder funerario en España

En este momento las empresas incoadas están pendientes de la decisión de la CNMC en relación a la adquisición por parte del grupo. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y, según indica AVC en una nota, los indicios racionales que motivan la incoación y la calificación que se especifica son de carácter provisional. En total, la operación permitiría a Mémora controlar un total de 16 instalaciones en Gipuzkoa, Casi la totalidad de la oferta en la provincia.

Bizkaia y Álava resisten la situación

En Bizkaia el escenario es similar, aunque son tres los grupos funerarios que controlan el grueso de pompas fúnebres. El más grande es Funeuskadi, con un total de 20 instalaciones entre funerarias y tanatorios, seguido de Albia con 13 centros y Funetxea con cuatro. En Álava, el volumen de funerarias es menor y solo Albia se ha instalado en Vitoria-Gasteiz de los grandes grupos. 

En referencia al expediente relativo a Gipuzkoa, y tal y como traslada el organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, se inicia ahora un periodo máximo de dieciocho meses para la instrucción y resolución del expediente.